El Ejecutivo retrasa el convenio de capitalidad con Logroño por falta de fondos

El convenio de capitalidad comprende una línea fija de financiación con una asignación total de 2,7 millones de euros. Sin embargo, según el Ejecutivo autonómico, el dinero disponible asciende a poco más de 2,4 millones de euros. El monto restante (289.374 euros) fue utilizado por Cuevas para firmar diversos convenios con siete pequeños municipios. La partida presupuestaria destinada a este tipo de obras estaba casi agotada y la única en la que existían fondos era la destinada al convenio de capitalidad, que se quedó así sin recursos suficientes.

Para el Ejecutivo actual, ninguna de estas intervenciones respondía a criterios de prioridad o urgencia. La partida más alta se destinó a las obras en los vestuarios de las piscinas municipales de Huércanos (67.776 euros), mientras que las demás tuvieron como destino la reforma del Ayuntamiento de Bobadilla (54.374 euros), la construcción de un espacio deportivo-cultural cerrado en Viniegra de Arriba (44.203 euros), la mejora en los accesos a Larriba, aldea de Ajamil (43.141 euros), la construcción de un nuevo depósito de agua potable en Tobía (26.367 euros), la reurbanización de una calle de Sojuela (25.497 euros) y la construcción de un frontón semicubierto en Cirueña (29.993 euros). Según Del Río, en el momento en que se firmaron todos estos acuerdos solo había disponibles 1.978 euros, con lo que casi 290.000 fueron retraídos del dinero previsto para el convenio de capitalidad con Logroño.

La Consejería de Gobernanza Pública, dirigida por Francisco Ocón, asegura que no renuncia al acuerdo con el Ayuntamiento capitalino y que está buscando la forma en que pueda reponer el dinero que falta para suscribirlo lo antes posible, quizá en noviembre. Al existir asignada una cantidad fija en los presupuestos, que además están prorrogados, no existe la posibilidad de firmar el convenio por un monto menor del que marca la norma. Del Río indicó que, además, los servicios jurídicos están estudiando si alguno de esos acuerdos firmados en agosto pueden ser declarados nulos.

El Consejo de Gobierno examinó además la petición parlamentaria, anunciada por el PP, dereprobación de la titular de Salud, Sara Alba, por el despido improcedente de una trabajadora cuando ocupaba la gerencia de una residencia de ancianos. Del Río indicó que el Ejecutivo no ve motivo alguno para cuestionar su actuación: «Eso no es consecuencia de un acción política, sino personal. Durante su actividad en la empresa privada, la consejera contrató a más de 800 personas y despidió a algunas. Nos reafirmamos en que el Gobierno dispone del mejor equipo para afrontar la gestión con garantías de éxito«. Del Río atribuyó la acción parlamentaria al »nerviosismo de la oposición«.

En su reunión semanal, el Ejecutivo acordó además la actualización de las categorías estatutarias laborales dentro del Servicio Riojano de Salud y la prórroga de diferentes servicios de suministro para centros sanitarios, con un gasto ligeramente superior a los tres millones de euros.