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El Gobierno dejará de subvencionar los estudios de Bachillerato en centros privados, según ha anunciado este jueves el consejero de Educación, Luis Cacho, en el Parlamento de La Rioja. El portavoz popular, Jesús Ángel Garrido, reprochó al Ejecutivo que con esta medida practican una ... política de exclusión y le acusó de «modificar el modelo educativo riojano»: «Se vulnera la libertad de elección de los padres. No se puede elegir centro si se ponen trabas y si no hay donde elegir». Cacho puntualizó que esas ayudas «son discrecionales» y quedan a criterio del Gobierno. El consejero asumió que era su decisión no convocar esas ayudas, «por motivos básicamente económicos», y desvinculó esa medida de cualquier posición ideológica. Cacho recordó que el Bachillerato no está concertado y que ese dinero (unos 400.000 euros) se destinaba actualmente a los centros, que luego rebajaban una cantidad («en torno al 20%») a las familias de los alumnos matriculados. Para el consejero, las necesidades educativas resultan hoy más acuciantes en otros tramos y formuló explícitamente la oportunidad de destinar esa partida para impulsar, en centros públicos o concertados, la educación infantil o la Formación Profesional. Garrido acusó a Cacho de escudarse en «problemas económicos» cuando su Gobierno había destinado 8,5 millones para la Consejería de Podemos como «pago para que Andreu sea presidenta». Y luego le lanzó un dardo personal: «Quizá usted no necesite esas ayudas; pero hay muchas familias que sí necesitan que su Consejería les ayude». El consejero recordó que se debe luchar contra la segregación económico-social que existe en el sistema educativo riojano y consideró inadmisible que el 60% de la población emigrante se ubique en un tercio de los colegios, mientras que en otro tercio ese porcentaje no llega al 4%.
Los conciertos planearon de nuevo sobre el pleno con ocasión de una pregunta formulada por la diputada Henar Moreno (IU), que reclamó la actualización de las indemnizaciones para los pacientes que vayan a ser derivados fuera de su localidad. Moreno apremió a hacerlo porque estimó que, cuando se rescindan definitivamente los convenios con Viamed Los Manzanos, habrá más enfermos derivados «a administraciones públicas de salud de otros territorios del estado español». La consejera de Salud, Sara Alba, reconoció que todos los contratos y convenios están en revisión, también esas asignaciones «que se establecieron hace 14 años». Sobre la prórroga del concierto con Los Manzanos, Alba la justificó por la necesidad de estudiar bien «cómo asumir de manera total o parcial» esos servicios con respeto por la seguridad jurídica. «Estamos devolviendo a lo público lo que nunca debió haber salido de lo público«, remachó.
El Pleno del Parlamento se abrió con una sonora petición de Ciudadanos. Su portavoz, Pablo Baena, pidió a la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, que suprima «la Consejería chiringuito de Podemos». Baena sugirió destinar los 9 de millones de euros de su coste «a la educación pública». La interpelada replicó que hablar de «chiringuitos» era una «tontería» y reclamó tiempo: «Vamos a ver cómo se trabaja y en función de sus resultados hablaremos». Baena consideró que el Gobierno riojano está construyendo «un monstruo con pies de barro» al haber elegido mal a sus socios y se abrió a cooperar para montar un nuevo presupuesto sin la participación de Podemos. Andreu se mostró dispuesta a aceptar las sugerencias de Ciudadanos que sean oportunas, pero defendió su gobierno de coalición.
La política nacional se coló en el Pleno mediante una pregunta del portavoz popular Jesús Ángel Garrido, que le preguntó directamente: «¿Es Cataluña una nación? ¿Es España plurinacional? ¿Qué es La Rioja en una nación de naciones?». Andreu pidió a Garrido que no transite el camino del «barriobajerismo» y defendió el Estado de las Autonomías como «garante eficaz del estado del bienestar y de unos servicios públicos esenciales». Sin descender a la batalla terminológica que le propuso Garrido, Andreu se limitó a concluir que trabajará «para el autogobierno de La Rioja».
Mayor polémica se vivió en el hemiciclo cuando el portavoz popular le acusó de tergiversar las cifras: mientras el Gobierno regional aseguraba que el déficit que había dejado el Ejecutivo anterior alcanzaba el 0,4%, el Ministerio de Hacienda publicaba que este rayaba el 0,06%. «El propio Ministerio le desmiente», se asombró Garrido. Andreu subió al estrado para defender que ambas cifras eran ciertas: la previsión del Ministerio para el tercer trimestre era esa, pero acusó al Gobierno de Ceniceros de apurar sus últimos días «gastando, gastando y gastando, de manera manirrota y sin vergüenza, en asuntos que no eran esenciales». Andreu llegó a llamar «mentiroso» a Garrido, lo que generó protestas airadas en la bancada popular y una ovación desde los escaños socialistas.
La placidez retornó a la Cámara cuando se debatió la primera proposición no de ley. Ambas fueron aprobadas por asentimiento, sin necesidad siquiera de alzar las manos para votar. Formulada por el Grupo Popular, la iniciativa pedía instar al Gobierno riojano a manifestar su «total oposición y rechazo» a la pretensión de Agroseguro de incrementar el precio del seguro agrario para la uva de vinificación. La consejera de Agricultura, Eva Hita, recordó «la apuesta clara» del Ejecutivo riojano por el seguro agrario y se comprometió a luchar por mejorar el modelo, «no sólo para que no suban las tarifas, sino para que esté mejor adaptado a la realidad del agro riojano». La segunda proposición no de ley de la jornada, planteada por Izquierda Unida, reclamaba «impulsar mecanismos legislativos de apoyo a la mujer agrícola y ganadera» y fomentar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. La iniciativa fue aprobada, aunque el PP manifestó sus reticencias con algunos puntos, especialmente con el que pedía «desarrollar en el mundo rural una red pública que atienda las labores de cuidados» y exigir «el cumplimiento y ampliación de las medidas de conciliación entre la vida familiar y laboral».
Del mismo modo, hubo acuerdo general en suscribir la petición del PP de afrontar la rehabilitación del puente de San Martín de Ortigosa de Cameros. El consejero del ramo, José Luis Rubio, apuntó que la partida ya está contemplada en los Presupuestos para el próximo año. El diputado popular Carlos Cuevas se congratuló de que la medida vaya a ser aprobada, aunque censuró la «escasa transparencia» de los Presupuestos a la hora de consignar qué infraestructuras están previstas y cuáles son sus plazos de ejecución. El acuerdo se extendió a la siguiente proposición, presentada por Izquierda Unida, en la que se reclamaba al Ejecutivo regional establecer en tres meses el procedimiento de acreditación de las enfermeras y enfermeros para dispensar medicamentos.
No salió, sin embargo, adelante la propuesta de Ciudadanos de poner en marcha una «tarifa superreducida» a los autónomos de 30 euros al mes durante dos años para aquellos que tengan su domicilio habitual y de actividad en municipios con menos de 5.000 habitantes. La medida se frustró por el voto en contra de los socialistas. La diputada del PSOE Graciela Loza aseguró que no era el momento de adoptar «medidas bienintencionadas pero aisladas» y recordó que, como los recursos son limitados, hay que garantizar su eficacia. También el Grupo Mixto se situó en contra, al considerar, tal y como explicó Henar Moreno (IU), que era una iniciativa «arbitraria y generalizada» y se mostró partidaria de abordar «una reforma integral del régimen de autónomos, de manera que las tasas vayan vinculada a los ingresos que se perciben». La votación acabó en empate, por la ausencia de un diputado socialista, con lo que la enmienda fue finalmente rechazada. Alberto Reyes, de Ciudadanos, lamentó la decisión mayoritaria: «Si no probamos las medidas, nunca sabremos si funcionan».
El pleno finalizó en armonía, con la aprobación por unanimidad de una proposición de Cs destinada a «potenciar el papel de la mujer en el deporte profesional».
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