El Gobierno dice que no desconfía de los Mossos, pero refuerza a la Policía y la Guardia Civil

Iñigo Méndez de Vigo ha explicado que en la reunión semanal de gabinete celebrada hoy el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado de que había enviado una carta al consejero Joaquim Forn para ponerle al tanto del traslado de más policías y guardias civiles ante el carácter “tumultuario” de algunas manifestaciones. El portavoz ha asegurado que en ningún momento el Gobierno se ha planteado reemplazar a la Policía catalana en las labores de orden público. Se trata, ha añadido, de “unidades de refuerzo” y “no hay más que eso”.

El ministro ha señalado que el hecho de que Interior considere que son movilizaciones “tumultuarias” no supone que el Gobierno piense en imputar un delito de sedición a los promotores de las mismas. Esa tipificación corresponde hacerla al fiscal, ha apuntado.

Méndez de Vigo no ha sabido precisar cuántos policías y guardias civiles va a enviar Interior a Barcelona y otras ciudades catalanas en las próximas horas. Hasta el momento, unos 6.000 agentes de ambos cuerpos han sido trasladados a Cataluña, la mayoría se aloja en los tres buques contratados por el Ministerio y que están amarrados en Barcelona y Tarragona.

La noticia ha causado malestar en el Gobierno de Carles Puigdemont, que considera “innecesario” el envío de más policía y guardias civiles a Cataluña. El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, ha señalado que en ningún caso se trata de manifestaciones tumultuarias porque han sido concentraciones “pacíficas” en las que los participantes entregaban “claveles” a los agentes.

Las funciones de los nuevos policías y guardias civiles, según se ha reiterado en la nota, "serían de vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal".

Todo ello con el objetivo de dar cumplimiento a la instrucción 2/2017 de la Fiscalía Superior de Cataluña, remitida el pasado 8 de septiembre a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos ordenando activar las actuaciones necesarias para impedir la celebración del referéndum ilegal.