Zaplana, condenado a 10 años de cárcel por su fortuna oculta en el extranjero

La sentencia de la Audiencia de Valencia pone punto final a una carrera que, en realidad, estuvo siempre salpicada por la sospecha. Una ramificación del caso Imelsa, con la investigación al conocido como yonki del dinero y la trama de Alfonso Rus, terminó por ligar un patrimonio superior a los diez millones de euros al núcleo de colaboradores del expresidente. Se trata del segundo máximo dirigente de la Generalitat que ha sido condenado. El precedente es José Luis Olivas sorprendido al falsificar una factura para desgravarse a Hacienda el pago de 580.000 euros por una supuesta asesoría en la venta de unas acciones.

Dos fueron los principales 'golpes' judiciales que recibió la estrategia de defensa de Zaplana. Por un lado, la confesión de su testaferro uruguayo, el abogado Fernando Belhot, que representaba sus intereses desde el extranjero y que entregó cerca de siete millones de euros en el juzgado tras pactar con la Fiscalía. La cantidad de dinero recuperada es todo un éxitos comparado con otros casos de corrupción en la Comunitat.

Por otro, y a escasas semanas del juicio, tuvo conocimiento de que su amigo de la infancia, Joaquín Barceló, también iba a reconocer que era un hombre de paja detrás del dinero y de las propiedades del exministro.

La guinda a este pastel de confesiones la puso su jefe de gabinete, Juan Francisco García, que admitió que las adjudicaciones, los parques eólicos y la privatización de las ITV, se arreglaron con la familia Cotino, empresarios que obtuvieron unas jugosas plusvalías de cerca de 90 millones de euros. Él mismo estuvo al frente de esta ilegal conducta de amaños con conocimiento del entonces presidente. De igual modo, los empresarios Cotino, como ya habían hecho en otros procedimientos de la financiación ilegal del PP, pactaron también con la Fiscalía. Quedó solo Zaplana, indefenso y sin coartada, en lo que parecía una crónica anticipada de una condena.

La condena supone, en teoría, su ingreso en prisión. Pero ahora comenzará toda una serie de recursos para impedir que la pena sea firme y ganar tiempo. La Fiscalía podría ya pedir su ingreso en la cárcel ante lo elevado del castigo. Zaplana puede que haga valer su delicado estado de salud como una de las bazas para retrasar todo lo posible o incluso suspender una pena privativa de libertad, aunque los mismos argumentos no le sirvieron para eludir la prisión provisional, en los compases iniciales de las diligencias, que estuvieron años bajo secreto.

No era el único de los condenados con cierto pedigrí en el sumario del caso Erial. José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat, también se sentó en el banquillo por la supuesta comisión de casi 600.000 euros por participar en todo este proceso. El exdirigente popular y expresidente de Bancaja y Banco de Valencia siempre defendió su inocencia y recordó que apenas estuvo unos meses al frente de la Generalitat.

Mitsuoko Henríquez, secretaria personal de Eduardo Zaplana a lo largo de toda su trayectoria política y profesional, también formó parte de la nómina de los acusados. Anticorrupción sostenía que fue el nexo entre el expresidente y el testaferro Belhot y que a través de ella se hicieron llegar cerca de dos millones de euros a Zaplana a través de un método de cambistas. El dinero se entrega en efectivo por parte de un colaborador, pero no ha viajado físicamente desde las cuentas en el extranjero. La colaboradora se enfrentaba a ocho años de cárcel y a una multa de 20 millones de euros. Pero el tribunal ha rechazado la tesis de la acusación pública y ha decidido absolverla.