Yolanda Díaz reclama un cambio en la ley de secretos ante el espionaje

La también ministra de Trabajo alegó, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, que los casos conocidos de espionaje mediante el malware 'Pegasus' -con los que, según denunció el Ejecutivo este lunes, al margen de los de los independentistas fueron infectados en 2021 los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa- son de una «extrema gravedad» y que los ciudadanos tienen derecho a saber «lo que ha pasado».

El PSOE impidió ayer, con ayuda del PP, que el Congreso abriera una comisión de investigación sobre estos pinchazos y remitió a todos los grupos que la solicitaron, entre los que encuentran el socio minoritario de la coalición gubernamental y los principales aliados parlamentarios de Sánchez, a la comisión de secretos oficiales ante la que mañana comparecerá la directora del CNI, Paz Esteban. Aunque Díaz ha evitado censurar de modo frontal esta decisión, ha argumentado que no hay que «confundir» que haya asuntos secretos con «la posibilidad de investigar». «¿Por ejemplo -ha subrayado, en presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños-, por qué no podemos conocer cómo funciona 'Pegasus' en el mundo?».

Díaz ha insistido en que «no hay que tener ningún miedo a conocer los hechos» . «Y después de saber lo que ha pasado, si hay que depurar responsabilidades, depúrense», ha señalado. Pero donde ha querido poner el foco es en la ley de secretos oficiales, que data de 1968. La vicepresidenta no ha aclarado, no obstante, en qué dirección cree que debería ser modificada.

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El PNV lleva años demandando la modificación de esa norma para que, entre otras cosas, se rebaje el límite fijado para poder desclasificar archivos de 25 a 10 años. En esta legislatura volvió a registrar una proposición de ley que ha sido bloqueada por los partidos del gobierno con sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas. Tras varios meses de tira y afloja, el Ejecutivo trasladó a los nacionalistas vascos que llevaría a la Cámara su propio proyecto de ley. Aunque el texto estuvo entre los incluidos en el plan normativo del Gobierno para 2021, se acabó eliminando. En el de 2022 se ha vuelto a incluir, pero de momento no ha habido avances.