Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, en el Congreso de los Diputados EP

El PP amaga con repudiar al TC por ser un «cáncer del Estado de derecho» y luego rectifica

González Pons, que dice haber hablado en muchas ocasiones en Bruselas con Puigdemont, se retracta más tarde y confirma que sí habrá recurso contra la amnistía ante la corte

Javier Arias Lomo y Olatz Hernández

Madrid | Estrasburgo

Martes, 23 de enero 2024, 12:17

El PP, por boca de uno de sus principales dirigentes, decidió este martes –el mismo día en que el PSOE pactaba con Junts y ERC limitar la exclusión de los delitos de terrorismo en la ley de amnistía a las «violaciones graves de derechos humanos»– ... lanzar su crítica más feroz contra el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. Esteban González Pons, hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo y vicesecretario del área institucional del partido, tildó a la corte de garantías de «cáncer del Estado de Derecho» y amenazó con el repudio de los suyos por la vía de no volver a presentar recursos ante la misma por falta de confianza en su imparcialidad.

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«En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el PP un día decida no recurrir nada más al TC, y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal», amagó el vicesecretario de Institucional de los populares en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona al ser preguntado por si tienen planeado llevar hasta el garante de la Carta Magna la medida de gracia. Estas manifestaciones provocaron tal tormenta que su autor reculó más tarde asegurando que sí habrá impugnación a la ley y que «ninguna institución puede darse por superada o inservible». Y constató que la comparación con el cáncer no había sido «afortunada». «Quiero retirarla y disculparme de manera muy concreta con las personas que sufren esta enfermedad», intentó zanjar.

Pero ya era tarde, porque sus palabras insuflaron oxígeno al Gobierno y al PSOE, en otro día marcado por sus pactos con los secesionistas y tras la polémica suscitada por la vicepresidenta Teresa Ribera precisamente por cuestionar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. «Cada día el PP cruza una nueva línea en su deriva antidemocrática y deslegitimadora», acusó Santos Cerdán, mientras su partido reprochaba al PP que «no soporta lo que no controla».

Con todo, no fue esta la única afirmación controvertida protagonizada por González Pons. El exjefe de la delegación de los populares en la UE dijo haberse encontrado muchas veces en Bruselas al expresident catalán y hablado con él, porque «con las personas se puede hablar». Hasta su polémica intervención, el PP se había centrado en acusar al PSOE_de «humillar a la democracia española» con el nuevo acuerdo, esta vez sobre las enmiendas a las amnistía, con el independentismo. «Un Gobierno que ampara terroristas y que ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra», afirmó Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP.

«El terrorismo no se perdona»

El propio Feijóo aludió a ello en un marco tan simbólico como el homenaje realizado este martes en Madrid a Gregorio Ordóñez, el edil asesinado por ETA hace justo 29 años. «El terrorismo ni se tapa ni se perdona, se investiga y se condena hasta el final», reprochó a Sánchez el líder de la oposición. «Los asesinos siguen siendo asesinos y las víctimas, víctimas. Ningún pacto indigno nos obliga a callar o a simular que son demócratas».

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Más allá de estas críticas, lo que no hará el PP es bloquear la tramitación de la amnistía en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, como le exige Vox. Tellado subrayó que los suyos utilizarán «todos los resortes a su alcance para paralizar y suspender» la norma, pero «desde la ley y solo con la ley en la mano». Los de Santiago Abascal se querellaron en las últimas horas contra los miembros de la mesa del Congreso que dieron luz verde a la medida de gracia. Y amenazan con hacer lo mismo con los populares en caso de que no accedan a su pretensión.

En paralelo a la disputa doméstica, el PP promete seguir batallando en Europa, donde este martes pidió –durante el debate en la comisión de Peticiones de la Eurocámara de ocho quejas ciudadanas contrarias a la medida de gracia– una misión de eurodiputados a España que analice la norma.

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