El 'caso Begoña Gómez' amenaza con desatar una tormenta judicial en diversos frentes más allá de las diligencias previas del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente por tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Vox anunció este miércoles que va a ... querellarse en las próximas horas contra Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por el uso de los servicios jurídicos del Estado «en su interés personal», después de que el presidente movilizara el lunes a la Abogacía del Estado para denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su vez, por prevaricación al magistrado que investiga a su esposa.
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El partido de Santiago Abascal, según han comunicado desde su dirección, va a dirigir la querella también contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya que los servicios jurídicos del Estado dependen orgánicamente de ese departamento, y contra el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez.
«Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal, lo que supone un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia», apuntan desde Vox.
Ya el martes por la noche, poco después de conocerse la querella de Sánchez contra Peinado, Vox pidió la documentación «previa y necesaria» relativa a la autorización expresa por parte del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que, según la formación de Santiago Abascal debe otorgar, para la interposición de esas acciones legales.
El Grupo Parlamentario pidió en el documento enviado al Congreso, la autorización expresa por parte del Ministerio de la Presidencia y el informe previo de la Dirección General de lo Contencioso, amparándose en la ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en el ámbito de la Abogacía General del Estado. Asimismo, reclamó «todos los demás informes y documentos que formen parte de dicho procedimiento».
La Abogacía del Estado registró este martes su querella contra Peinado por «arbitrariedad» en la instrucción de la causa contra Begoña Gómez, solo instantes después de que el presidente se negara a declarar como testigo ante el instructor, quien se desplazó a Moncloa para el fallido interrogatorio.
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El eje principal de la demanda contra el juez fue precisamente que éste habría prevaricado al negar a Sánchez, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ciertas autoridades y en ciertos casos, declarar por escrito. El presidente esgrimía que al tratarse de hechos vinculados con su cargo (una de las acusaciones contra su mujer es haber usado la influencia de su marido) sí que podía acogerse a esta prerrogativa, posibilidad que le fue negada por Peinado.
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