Los vocales del CGPJ nombran interlocutores para renovar el Constitucional con consenso

La fecha tope es mañana martes, cuando han transcurrido tres meses desde la entrada en vigor de la norma, pero los interlocutores han acordado celebrar este viernes una primera reunión para iniciar las negociaciones. Además, ni el presidente Carlos Lesmes ni al menos cinco vocales del Consejo han reclamado la celebración de un pleno extraordinario dentro del plazo.

Según confirman fuentes del gobierno de los jueces, por parte de la llamada corriente conservadora (vocales designados por el PP) las conversaciones las encabezan los consejeros José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, mientras que Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach serán la voz del bloque progresista (propuestos por el PSOE). Se espera que este mismo lunes se pongan en contacto para establecer cómo debe desarrollarse el diálogo.

El Congreso y el Senado aprobaron una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ su capacidad para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, pero solo para que designara a sus dos candidatos al Constitucional.

De esta forma, el Gobierno, a través de esta iniciativa parlamentaria, enmendaba la primera reforma que llevó a cabo en marzo de 2021 con el objetivo de forzar al PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que va camino de los cuatro años de interinidad. Para ello, se prohibió que designara magistrados para los altos tribunales mientras estuviera en funciones.

Una restricción que, según denunció Lesmes en el discurso de apertura del curso judicial, está teniendo unos efectos «devastadores», ya que hasta la fecha hay 63 vacantes por jubilación forzosa, fallecimiento o tras finalizar el mandato de cinco años que marca la ley para determinados cargos. Así, el Tribunal Supremo tiene 14 plazas sin cubrir y en los próximos meses serán 20, lo que supone el 25% de toda la plantilla. Del mismo modo, de las 116 presidencias de tribunales existentes en nuestro país, 49 no están desempeñadas por un presidente titular.

Pese a esta grave situación en el funcionamiento ordinario de tribunales y salas, el PSOE impulsó esta «contrarreforma» para que al menos se pudiera renovar el Tribunal Constitucional. La razón de este movimiento legislativo y la criticada imposición al CGPJ de un plazo límite se debe a que la entrada de nuevos magistrados en la corte de garantías supondrá un cambio de mayorías. Se pasará de un dominio conservador a otro progresista, en línea con la representación actual del Parlamento.

Fue el pasado 12 de junio cuando caducó el mandato de cuatro de los doce magistrados del Constitucional: su presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.

Nada más aprobarse esta segunda reforma, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, convocó un pleno extraordinario para el 8 de septiembre, exhortando a los 18 vocales que lo componen en la actualidad a aprovechar este cónclave para nombrar a su dupla para el Constitucional.

No obstante, la «desafección» que Lesmes ha reconocido que generó entre los vocales la decisión del Gobierno de habilitar al Consejo a realizar nombramientos pero solo para el TC propició que el denominado bloque conservador amenazara con negarse a efectuar dichas designaciones.

Este plante haría imposible los nombramientos porque los candidatos necesitan sumar una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, 12 de los 19 votos en liza y en estos momentos solo tendrían asegurados los ocho que aglutina el ala progresista, de modo que tendrían que apoyarles también cuatro conservadores.

Hace una semana, en el marco de la toma de posesión del nuevo fiscal general, Lesmes avisó de que no consentiría «un CGPJ en rebeldía» porque la nominación de dos aspirantes a la corte de garantías es una obligación que la Constitución impone al Consejo.

Apenas 24 horas después, el martes por la noche, los conservadores celebraron una reunión interna para fijar postura. Así, decidieron «defender en todo caso la institucionalidad», lo que implica llegar a «acuerdos debidamente consensuados» aunque se mantuvieron contrarios a cumplir con el plazo legal de este martes.

Se abrían de esta forma a pactar los dos candidatos con la condición, primero, de establecer primero las «reglas del juego» -cómo proceder para la propuesta y la votación- y, en segundo lugar, respetar «los tiempos de decisión del Consejo». En el pleno del pasado jueves, los conservadores ofrecieron este procedimiento a los progresistas y estos aceptaron. La reunión se desarrolló con «buen ambiente» pero sin que se hablara de nombres concretos.