El foco de la crisis institucional del Poder Judicial estaba proyectando por una vez en la negociación reabierta por PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años en interinidad. Pero un nuevo cisma en la cúpula ... judicial amenaza con desviar la atención a la judicatura y tensar las relaciones entre el Tribunal Supremo y el CGPJ. El motivo ha sido el recurso presentado hoy por un vocal contra el nombramiento del sustituto temporal de Carlos Lesmes al frente del Consejo, el consejero Rafael Mozo. Una designación que considera fuera de la ley e individualmente reprochable.
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La iniciativa de impugnar este acuerdo del pleno ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo parte de Wenceslao Olea, vocal conservador y compañero de Lesmes en la misma Sala Tercera que verá el recurso. Entre sus peticiones incluye la aplicación de una medida cautelarísima para que el tribunal decida en un margen de 48 horas como máximo si suspende el nombramiento de Mozo hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Olea, el consejero procedente del turno de magistrados con mejor escalafón del Consejo, ya aventuró el pasado jueves la presentación del recurso. Lo hizo tras difundir el voto particular que presentó tras el acuerdo del pleno para elegir a Rafael Mozo. Fueron 16 votos contra uno, el de Olea, que se quedó solo en el respaldo del informe técnico pedido por Lesmes antes de dimitir.
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Dicho documento entregaba de forma automática la presidencia del alto tribunal y del CGPJ al vicepresidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán, al tratarse de un cargo «conjunto e indisociable», según la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero los vocales del Consejo fueron a piñón en contra de estas conclusiones, que consideraron una imposición, y replicaron con argumentos jurídicos la elección de Mozo, el vocal con mayor antigüedad del actual órgano.
En suma, las buenas palabras de uno de los comunicados difundidos por el Consejo el pasado jueves, cuando agradeció la labor de Lesmes en la presidencia en todo estos años, se quedaron en papel mojado ante el incipiente conflicto que supone dar la espalda a las conclusiones del Gabinete Técnico del Supremo. Además, colisiona con el apoyo dado por la Sala de Gobierno del alto tribunal, integrada por los presidentes de todas las salas y que se considera la cúpula judicial del país, al citado informe.
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El recurso de Olea ya se encuentra en la Sala de lo Contencioso, según confirman desde el Supremo. El primer paso será abrir una pieza separada para pronunciarse sobre esa petición de medida cautelarísima de suspensión, que se debe resolver como decimos en las próximas 48 horas. No obstante, las fuentes consultadas apuntan a que la reunión se podría celebrar este martes.
El asunto ha recaído en la Sección Sexta, un órgano especial dentro de la Sala Tercera, ya que es la llamada a resolver los recursos presentados contra las decisiones del Pleno y la Comisión Permanente del CGPJ. En esta ocasión el tribunal estará conformado por cinco magistrados: Eduardo Espín, Octavio Juan Herrero, José Antonio Montero, Celsa Pico y José María Bandrés.
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Estos dos últimos entran en sustitución de Pablo Lucas y César Tolosa, que han tenido que abstenerse porque respaldaron el informe encargado por Lesmes como integrantes de la Sala de Gobierno del Supremo. Además, Bandrés es uno de los nombres que manejan los vocales progresistas para ir al Tribunal Constitucional, por lo que su situación queda bastante comprometida si apoya la suspensión del nombramiento de Mozo.
El voto particular de Olea ya avanza el contenido de su recurso, al concluir que el Pleno del CGPJ carece de competencia para designar a un presidente con independencia de quien ejercite este cargo en el Supremo. Además, dice que «no concurren» las condiciones objetivas de Mozo -magistrado de la Audiencia Nacional y de sensibilidad progresista- para desempeñar estas funciones.
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