Silencio de los ocho acusados en el juicio de Alsasua en la última palabra

El fiscal del caso, José Perals, ha defendido en su turno de conclusiones que lo ocurrido en el bar Koxka de Alsasua «no fue una pelea de bar», sino una agresión «planificada y organizada única y exclusivamente para agredir a dos guardias civiles y sus parejas con la finalidad terrorista de expulsar» a dicho cuerpo policial de la localidad, en línea con lo defendido por el movimiento 'Alde Hemendik' (Fuera de aquí) y la campaña anual Ospa Eguna, los cuales son, a su juicio, son una herencia de la «estrategia» de la banda terrorista ETA, ya disuelta.

El fiscal propuso condenas alternativas a las lesiones y amenazas terroristas de entre seis años y medio y 17 años y medio de cárcel por desórdenes públicos terroristas y atentado contra agentes de la autoridad, entre otros posibles delitos. Por los primeros hechos están en prisión preventiva tres de los ocho acusados, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz y Adur Ramírez de Alda.

El juicio comenzó el 16 de abril en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y se ha alargado durante 11 sesiones en el que la sala ha podido escuchar las versiones de los acusados, el testimonio de las víctimas así como declaraciones de testigos y peritos, para finalizar con los informes de las acusaciones, además del Ministerio Público, están personadas la Abogacía del Estado en nombre de los guardias civiles, las novias de éstos y las asociaciones Covite y AUGC y las defensas.

El turno de conclusiones de las defensas se ha extendido dos días y hoy los abogados de dos de los acusados han criticado la «intolerable banalización» que se ha hecho del concepto de terrorismo y las elevadas penas, superiores a las de delitos como el genocidio, la rebelión o el homicidio.

«Aunque ETA haya anunciado su disolución y no debe olvidarse su actividad, una cosa es no olvidar el terrorismo y otra inventar un relato y forzar los tipos penales» y aplicar un «terrorismo inexistente», ha defendido en su alegato el abogado de Iñaki Abad y Aratz Urrizola, José Luis Galán. Para Galán, en este caso las acusaciones «han forzado adjetivo terrorismo por motivos propagandísticos» o para «jugar en casa» y que se juzgara en la Audiencia Nacional.

El letrado ha alegado que «España sabe, por desgracia, lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo» y en el juicio se ha aplicado un «derecho de excepción» con peticiones de penas de hasta 62 años de cárcel, «inusitadas en nuestros tribunales salvo que estemos hablando de supuestos en los que haya por medio muertos y balas».