El viraje de Sánchez sobre las repatriaciones irrita a Sumar y abre otra grieta en el Gobierno

No tardaron en enmendar de inmediato la plana a sus colegas desde el ala socialista del Consejo de Ministros. «Sumar está en el Gobierno y la posición del Gobierno en esta materia la marca el presidente –afirmó la titular de Defensa Margarita Robles–, que ya ha expuesto clarísimamente la posición», en referencia a la migración «regular» y «ordenada»que exhibió Sánchez en Dakar como colofón a su viaje.

En esta línea, el ministro de José Manuel Albares reivindicó la política migratoria «sólida, firme, responsable, pero también humana» del Ejecutivo y zanjó que «quien diga que tiene soluciones milagro o que de un día para otro puede conseguir una emigración cero hacia Europa, está mintiendo y engañando a los ciudadanos».

Sumar, aún sin liderazgo tras la salida de Díaz de la dirección, trata de ganar visibilidad en uno de los temas calientes del otoño, donde PSOE y PPacaparan la pugna y donde Podemos también busca su espacio. Antes que la formación magenta, Ione Belarra salió a criticar la postura del Gobierno. «Si Sánchez compra todo el argumentario racista de la derecha nos tendrá tan enfrente como ellos», denunció.

Por eso, frente a la fórmula de las deportaciones que demandan desde las filas populares y por la que ha optado el Gobierno socialista de Alemania –presionado por el atentado yihadista en Solingen y a las puertas de los comicios regionales del domingo–, la coalición de izquierdas reivindica retomar el debate parlamentario para regularizar a medio millón de trabajadores inmigrantes residentes en España.

Fue el grupo parlamentario de Sumar el que presionó al PSOE para desbloquear los trámites de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)suscrita por 700.000 personas para regularizar a este medio millón de personas. Todos los grupos del Congreso menos Vox la apoyaron. Pero la iniciativa continúa paralizada desde abril en el plazo de presentación de enmiendas y no tiene visos de que se agilicen los trámites. Una vez supere la fase actual, se debe elaborar un dictamen en la ponencia a puerta cerrada. El proceso incluirá su paso por el Congreso y el Senado, y deberá regresar a la Cámara baja para su debate y posible aprobación. Algo que por ahora parece complicado por el escoramiento actual de socialistas y populares en esta cuestión.

Esta nueva fricción se suma al frente abierto entre Gobierno y Sumar a cuenta de la financiación singular para Cataluña. El acuerdo entre el PSC y ERC provocó malestar en algunos partidos de la coalición y cuatro de sus 31 diputados ya aseguraron antes del verano que no apoyarán una reforma de la LOFCA que solo beneficie a Cataluña, evidenciando la frágil situación que se puede encontrar el Ejecutivo en una eventual votación. Sumar ya le dejó solo votando en contra de la ley contra el proxenetismo.

Ante estas divergencias, en el socio minoritario del Gobierno y a excepción de Mónica García, que ha tenido en agosto dos entrevistas centradas en la estrategia de vacunación contra la viruela del mono, ningún otro ministro de Sumar ha comparecido este mes. Sólo Urtasun rompió este viernes este silencio defendiendo que Compromís y la Xunta planteen una mejora de la financiación de sus regiones. «El modelo está caducado y debe actualizarse para todas las comunidades. Y eso es perfectamente compatible con lo que dice el Estatut y que está recogido en el pacto para Cataluña», afirmó.