Villarejo mantiene un «alto poder de extorsión» para garantizar su impunidad

Por este motivo, avisan al juez Manuel García Castellón y a la Sala de lo Penal (encargada de revisar los recursos) que Villarejo mantiene un «alto poder de extorsión» para intimidar a instituciones del Estado. Y en el centro de su plan está el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), responsable de desencriptar el voluminoso archivo sonoro que grabó este durante cerca de 30 años. Con ello, recalca el escrito, el comisario pretende garantizar su impunidad y evitar «por todos los medios» una eventual condena.

Para consumar este plan, los fiscales señalan por vez primera a un diario digital como altavoz para difundir los audios no judicializados. El medio Fuentes Informadas, explican, «parece haber sido creado expresamente con esta única finalidad», ya que carece de cualquier tipo de publicidad más de un mes después de haber editado su primer número, el 16 de mayo de 2022, coincidiendo con la publicación de un audio desconocido de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de PP, en el marco de la 'operación Kitchen'.

Según la información remitida al juzgado, Fuentes Informadas fue inscrito en el registro mercantil de Madrid el 7 de abril de 2022. Un mes después se estrenó con la exclusiva de la grabación de Cospedal hablando de «parar las libretitas» del extesorero del Luis Bárcenas sobre la 'caja B del PP'.

El medio, prosigue Anticorrupción, aparece vinculado además con dos periodistas que ya fueron utilizados por el comisario en 2020 para difundir, cuando se encontraba en prisión provisional, una «ingente» documentación que mantenía depositada después de su jubilación y parte de la cual resultó intervenida en los registros practicados en noviembre de 2017. Una información «entre las que se podrían encontrar documentos clasificados como secretos y que en la actualidad estaría ofreciendo en el mercado a cambio de un precio».

Se refieren los fiscales a la vinculación de Villarejo con el abogado Alfonso Pazos y su mujer María Ascensión Fernández. Pazos compartió centro penitenciario con el primero y en uno de sus permisos distribuyó documentos que no estaban incluida en la causa para su publicación. El abogado fue detenido y junto a su pareja, Villarejo y la mujer de este, Gemma Alcalá, están en la actualidad imputados por delitos de integración en organización criminal y revelación de secretos en la pieza 28 del 'caso Tándem'.

Sobre Alcalá, Anticorrupción también la señala como la persona que aparece en el análisis de los metadatos de algunas grabaciones difundidas estos meses a través de la aplicación Telegram, como el caso del chat abierto denominado «Alvise Pérez».

Consultado un responsable de Fuentes Informadas sobre esta referencia de la Fiscalía, responde que este señalamiento es un «ataque impresentable al derecho a la información», niega «con rotundidad» su vinculación a la estrategia de Villarejo y afirma que ya ha transmitido una queja a la jefatura de Anticorrupción por el «comportamiento» de los fiscales.

De igual modo, Serrano y De Rivas reiteran en su escrito que el comisario, sobre el que pesan peticiones de penas superiores a los 30 años de cárcel, recuerdan, cuenta con un «alto poder de extorsión» derivado del acceso a informaciones sensibles para la seguridad del Estado.

Y en este contexto llegaron los dos audios difundidos también por Fuentes Informadas, en junio y agosto pasado, que comprometieron a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Las grabaciones fueron realizadas en octubre de 2015 y noviembre de 2016, un año antes de la detención de Villarejo, y estuvieron presentes el propio comisario, Casteleiro y el también comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y entonces director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), un órgano asignado al Ministerio del Interior y en el que estaba integrada funcionalmente la actual jefa del CNI. O sea, Olivera era su jefe directo.

Curiosamente, desde estos audios no se han difundido ninguno otro. Ha pasado medio año y mientras tanto Villarejo se ha enfrentado a dos juicios. En uno de ellos afectaba al mismo CNI y se ha aclarado su futuro judicial: se trata de la grabación ilegal a agentes del cuerpo y a los investigadores del 'caso del pequeño Nicolás' tras la detención del joven en octubre de 2014.

El comisario, que se enfrenta a cuatro años de cárcel, fue absuelto por la Audiencia de Madrid el pasado enero porque no se pudo probar la autoría de la intervención telefónica, que sí existió y fue difundida por varios medios con el objetivo (no conseguido) de buscar la nulidad del caso. Pese a que los escritos de acusación de Fiscalía de Madrid y Abogacía del Estado -en defensa de los agentes- acumularon hasta 17 indicios incriminatorios, ninguna de las dos partes han visto motivos ahora para recurrir la sentencia para satisfacción de Villarejo.