Villarejo, un año de filtraciones ¿teledirigidas? desde la cárcel

El excomisario estaba convencido de que tenía material para ganar el pulso a todo un Estado. Que sus miles de horas de grabaciones a políticos, jueces, fiscales, periodistas, empresarios o policías le hacían, en el fondo, intocable. Que sus 20 terabytes de audios e imágenes grabados durante tres décadas eran suficiente amenaza para no mantenerle demasiado tiempo entre rejas. Entró en prisión el 5 de noviembre de 2017, dos días después de su arresto, con el convencimiento de que en verano iba a estar fuera y que no iba a tener que usar lo que el mismo denominaba su «gran traca». Se equivocaba.

Como también se equivocaba -aseguran algunos mandos policiales- al pensar que él iba a poder controlar todas filtraciones de las delicadas grabaciones que atesoró durante años y de las que, según diferentes fuentes, podría haber hasta cinco copias.

Su defensa asegura tajante que el excomisario no está detrás de las últimas filtraciones. Es más, que los últimos audios le perjudican porque en ellos reconoce, en el caso de María Dolores de Cospedal, que llegó a cometer un delito frustrado de destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia al asegurar que intentó destruir el pendrive clave del 'caso Gürtel'. O recuerdan que, en el caso del audio de la comida con la ministra Dolores Delgado, revela que él dirigía una red de prostitución dedicada a la extorsión.

Pero en la Policía también hay quien asegura abiertamente que «por supuesto» la filtración de todos los audios conocidos durante el último año es obra de Villarejo desde la cárcel, porque el mismo amenazó en diversas ocasiones que si caía en desgracia iba a hacer temblar al Estado.

Sea como fuere, los días en la prisión de Estremera, en Madrid, desde el principio se le atragantaron al otrora 'comisario de hierro', que ha visto como se ha quedo solo en la cárcel tras la excarcelación de todos los imputados en la 'operación Tándem'. A principios de mayo, su corazón se resintió y acabó de urgencias en el Hospital Gregorio Marañón.

Ese mismo mes de mayo supo que, lejos de «quedarse en nada», la investigación sobre su presunta trama corrupta desembocaba en nuevas detenciones, en este caso la de los dueños del exclusivo complejo inmobiliario 'La Finca' de Pozuelo de Alarcón (residencia de estrellas del fútbol y multimillonarios), acusados de haber hecho encargos de investigaciones supuestamente irregulares a Villarejo.

Y llegó el verano sin cambios y explotó la anunciada «bomba» de Villarejo. Ni sus amigos ni sus detractores tienen dudas de que esta filtración -esta sí, pero solo ésta- fue obra del entorno del excomisario. El 11 de julio, dos medios que antes ya habían publicado informaciones que solo Villarejo tenía en su poder -OK Diario y El Español- dieron la exclusiva: Corinna zu Sayn-Wittgenstein reconocía en una grabación realizada por Villarejo en su domicilio en Londres en 2015 que Juan Carlos I la usó como testaferro para ocultar su fortuna en el extranjero.

Las revelaciones causaron una tormenta política y mediática, pero nada cambió para el preso. Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto pidieron una comisión de investigación en el Parlamento sobre la fortuna del Rey Emérito pero la Mesa del Congreso, con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos, la rechazó.

En el plano judicial, la Audiencia Nacional abrió una pieza separada para investigar aquella grabación y llamó al expolicía a confirmar la autenticidad de la grabación. Pero nada mejoró para Villarejo, que siguió tan imputado como antes a pesar de insistir en que la reunión era una «misión de Estado» para arreglar los problemas del rey Juan Carlos. Versión que desmintió el director del CNI en el Congreso.

Que la «bomba» de Villarejo sobre el exjefe del Estado no había tenido efectos sobre su cerco judicial -más bien al contrario- quedó claro a finales de ese mes de julio cuando la Policía detuvo al empresario sevillano Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, por, de nuevo, contratar los servicios privados del comisario jubilado.

Días después, por si había dudas de que nada había cambiado, el juez Diego de Egea, ordenaba el embargo de 22 bienes inmuebles en Madrid y Málaga del excomisario y ordenaba el archivo de la investigación sobre los negocios de Juan Carlos I porque entonces era «inviolable» y porque Corinna actuó por despecho.