Villarejo en su alegato final: «Me aplicaron el 'código rojo'; les obsesionaban mis audios»

En su doble condición de acusado -se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 83 años de cárcel- y de abogado, Villarejo ha centrado su exposición en defender su cometido como agente infiltrado servidor del Estado. Ha justificado su entramado empresarial para dar cobertura a este cometido y ha señalado nuevamente al «pirómano, al loco agitador» que decidió cortarle la cabeza por sus denuncias de corrupción en el CNI: el exdirector del centro de inteligencia Félix Sanz Roldán.

Villarejo ha relatado con profusión el «origen chusco» de una causa judicial que fabricó el general del Ejército -hoy empleado en Iberdrola como asesor internacional del presidente Ignacio Sánchez Galán- para «silenciarlo». Lo hizo, ha dicho, con la supuesta ayuda de policías y fiscales «confabulados», a modo de «venganza» por las denuncias que había hecho sobre el «uso y abuso de las instituciones del Estado», como la Casa Real con el asunto de Corinna Larsen o la distracción de fondos reservados en el pago de secuestros de ciudadanos españoles por grupos yihadistas.

Villarejo, ataviado con toga y parche por su enfermedad ocular, ha tomado la palabra en la sesión de este martes para terminar el informe iniciado el día anterior por su abogado defensor, Antonio José García Cabrera, para reforzar la tesis que ha dominado su estrategia de defensa a lo largo de los casi 12 meses que suma ya esta vista oral por tres encargos puntuales de clientes VIP: los llamados proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor', que suman 27 acusados.

«La causa Villarejo es un código rojo», ha comenzado el acusado aludiendo a la película 'Algunos hombres buenos', protagonizada por Jack Nicholson y Tom Cruise, donde «se ordenó eliminar» a uno de ellos y, aunque «todos lo negaron» porque aplicarlo era «ilegal», en el juicio se descubrió el plan. «No puede haber más coincidencias (...) Siguiendo las órdenes del jefe del CNI aplicaron ese 'código rojo' a uno de los suyos porque creían que con su conducta ponía en peligro los pactos y componendas con los que se mantenía el equilibrio de las instituciones del Estado», ha relatado Villarejo al tribunal presidido por Ángela Murillo.

Así, ha explicado que el supuesto odio de «el general» hacia su persona obedece a las múltiples denuncias que desde los años noventa y hasta 2015 ha venido realizando contra el CNI, la unidad de Asuntos Internos de la Policía, fiscales anticorrupción y a otros «tantos poderosos» para alertar sobre «el atropello» de «quien ha permitido que se usara y abusara de las instituciones del Estado». Por todo ello, él mismo se ha descrito como «un temerario».

Al margen de las rivalidades personales, el comisario ahora jubilado ha señalado que Sanz Roldán tenía en mente otro objetivo: el «botín» de su «archivo personal» de audios, los de las conversaciones que ha ido grabando durante años de todos aquellos con los que se ha reunido. «Lo que le importaba, lo que le obsesionaba, lo que le preocupaba eran los audios», ha destacado. Qué podía salir de ahí.

En este «montaje», Villarejo también ha incluido al resto de actores estatales como «confabulados», insistiendo en este sentido en que la «patraña» de la denuncia anónima de la que partió el caso nunca fue tal porque todos ellos habrían sabido desde el principio que quien la envió fue un «agente del CNI», llamado David Vidal.

Otro asunto central de la defensa de Villarejo es demostrar que él trabajó como espía policial y colaborador del CNI para justificar sus actividades privadas. Recordó que desde 1995 disfrutaba de un «estatus especial» por el cual podía «actuar sin que nadie de su propio cuerpo lo supiera» para obtener la información de interés para el Estado usando su entramado Cenyt como tapadera. En este punto, ha afirmado que todos los gobiernos desde entonces «emplearon sus servicios durante años y le ordenaron actuar en numerosas operaciones». «¿Abrimos ese melón?», ha retado.

De forma posterior, se ha adentrado en un extenso repaso de su hoja profesional con el que ha destacado su intervención para evitar atentados, viajes a Oriente Próximo y en asuntos como el 11-M , el 11-S o los GAL, así como su presunta intermediación con la examante del Rey emérito Corinna Larsen.

Asimismo, ha querido llamar la atención sobre lo que considera una evidente «utilización política» de su causa. En este sentido, ha preguntado qué pasará «cuándo gobierne el PP» y cambien las tornas: «¿Aparecerán los encargos del PSOE?». En este contexto, ha indicado que, a pesar de que los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas le han pintado como «un sujeto abominable y ávido de dinero» que ha usado Cenyt para llenarse los bolsillos con investigaciones privadas valiéndose de los medios policiales a su alcance, «todo es mentira».

Con todo, no ha dudado al volver a calificar esta causa de «general y prospectiva» porque se ha investigado «toda su vida, durante más de 30 años, para ver qué se puede encontrar» bajo la supuesta excusa de los «hallazgos causales». Un «profundo quebranto» tras el cual dice que «difícilmente podrá restituirse una reputación personal y profesional, que era intachable hasta que Sanz Roldán decidió aplicar el 'código rojo'».