Villa de Pitanxo: un año de la tragedia

Los equipos de rescate solo lograron encontrar en la madrugada del 15 de febrero de 2022 y los días posteriores al naufragio nueve cadáveres, el resto continúan en el mar. Recientemente se ha publicado la licitación del servicio de búsqueda del pecio al que podrán optar tanto empresas especializadas nacionales como extranjeras. Esa constituye ahora la principal reivindicación de los familiares, enviar una expedición para recuperar los cuerpos. Algo que se prevé llevar a término este verano, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Aunque las familias recalcan que el envío de dicha expedición se podría haber producido con anterioridad. «Hicimos todo lo posible para que fuese en 2022, pero no pudo ser», asegura De Pazo, quien llegó a plantarse personalmente en presidencia del Gobierno para reivindicar que tal operación «era plausible y que había empresas que lo hacían de forma habitual». Las familias ahora esperan que la tardanza en tomar esta decisión no merme las opciones de encontrar pruebas relevantes acerca de las causas que provocaron el siniestro. «Se trata de un escenario dinámico», recuerda la portavoz.

En el plano judicial, la investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional –lo que la bajada al fondo del océano pueda arrojar se antoja imprescindible para que la causa siga su curso–. Los únicos supervivientes, el patrón, Juan Padín, su sobrino, Eduardo Rial y el marinero Samuel Kwesi, ofrecieron versiones contradictorias de lo que pasó aquel 15 de febrero en Terranova. La empresa armadora y Padín adujeron –en base a lo declarado por el propio patrón– una parada «repentina» del motor principal del barco como el origen del siniestro marítimo.

Pero Kwesi, sin embargo, afirmó en su declaración que los tripulantes del 'Villa de Pitanxo' pidieron a gritos al patrón que arriara los cables del barco, una maniobra que podría haber evitado el naufragio. También reveló que Padín no había dado señal de abandono del buque ni ordenado a la tripulación que se colocase los trajes de supervivencia, vestimenta que finalmente solo se habrían puesto el propio patrón y su sobrino.

Tras ello, la Audiencia Nacional abrió diligencias penales ante la Guardia Civil y ante la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM). El patrón y la compañía armadora están siendo investigados en la actualidad por homicidio imprudente y por delitos contra la seguridad de los trabajadores. «Confiamos en la justicia», señala la portavoz de los familiares tras destacar que pretenden conseguir «una sentencia que sea justa pero que incorpore todos los datos posibles para clarificar todas las lagunas que rodean al caso».

La forma en la que el armador Nores, con sede en Marín (Pontevedra), gestionó lo ocurrido en la madrugada del 15 de febrero del pasado año es otra de las principales quejas que los allegados de quienes perdieron aquel día la vida han puesto encima de la mes durante este tiempo. Según De Pazo, «el grupo Nores era conocedor de esta desgracia a las 4 o 5 de la mañana». «Hubo familias que se enteraron de lo sucedido por la calle, en su lugar de trabajo, o conduciendo su coche al oírlo por la radio (...) Una cosa es la desinformación, pero que la noticia existiese y que no se hubiese comunicado es de una gravedad extrema».

La tripulación del 'Villa de Pitanxo' estaba compuesta por 24 personas, de las cuales 16 tenían pasaporte español, cinco eran de Perú y tres de Ghana. De todos ellos solos sobrevivieron tres. Algunos marineros, poco antes de morir, hablaron con sus familiares y les adelantaron que «las cosas no iban bien».

Por ello la portavoz de las familias recalca que lo que suceda con la investigación del barquero gallego «concierne a mucha más gente de la que se piensa». «Estoy cansado de decirlo, España es casi una isla. No hay mar en el que no haya un barco de pabellón español. Toda la familia del mar, que no solo son los tripulantes, está pendiente de este caso. Porque como se trate a estos 21 se sienten ellos tratados».