Víctimas piden que se embarguen sueldos públicos a los exetarras elegidos el 28-M

En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, Dignidad y Justicia incluye los nombres de 21 miembros de EH Bildu que, según sus análisis, tienen condenas por delitos relacionados con el terrorismo y que resultaron elegidos el 28-M. El listado que maneja DyJ está formado por nueve electos en Guipúzcoa, cuatro en Vizcaya, cuatro en Álava y otros cuatro en Navarra. Esta relación, no obstante, no es exhaustiva, por lo que el colectivo reclama a la Audiencia Nacional que lo compruebe.

Fuentes de la asociación de víctimas apuntan, «con toda seguridad», a que al menos siete de esos nuevos corporativos recibieron condenas que incluían diferentes cantidades por responsabilidad civil que no ha sido satisfechas. En su demanda, DyJ recuerda que desde la aprobación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo de 2001 el Estado ha venido asumiendo en muchos casos «con carácter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme por el citado concepto de responsabilidad civil». Y que es misma normativa «reconoce la subrogación por parte del Estado en el ejercicio de la acción civil de reclamación de la responsabilidad civil a los condenados», con el fin de recuperar la cantidad completa adelantada por las arcas públicas.

Apoyándose en esta legislación, Dignidad y Justicia reclama que la Audiencia Nacional revise el cumplimiento de condena de «todos los candidatos que han ido en las listas de EH Bildu, condenados por delitos de terrorismo y que han resultado elegidos» por las urnas el 28-M. Pero no solo. DyJ pide también al Servicio Común de Ejecutoras de la Sala de lo Penal que examine si entre los condenados por terrorismo ha habido concejales incorporados a las instituciones en otros comicios que «están cobrando o han cobrado» un sueldo del erario público.

Por ello, el colectivo de víctimas reclama que este servicio active «el procedimiento administrativo de apremio» del Reglamento General de Recaudación, para «la averiguación de los bienes, vehículos, cuentas, depósitos, sueldos públicos y cualquier otro activo patrimonial con el que hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista cometido, por cada uno de los concejales elegidos y que cuentan con condenas de delitos por terrorismo».

Dignidad y Justicia se viene mostrando muy crítica con la supuesta laxitud de los controles administrativos, tanto de la Administración de Justicia como de la Fiscalía, a la hora de comprobar el cumplimiento real de las penas impuestas a los condenados de ETA. Fue este colectivo el que el pasado 25 de mayo descubrió que EH Bildu había incluido en su lista para el Ayuntamiento de Astigarraga, en Guipúzcoa, a la expresa Sara Majarenas Ibarreta a pesar de que de no había cumplido la condena de diez años de inhabilitación absoluta que le fue impuesta en 2007 por integración en organización terrorista. Ese mismo día, la Junta Electoral de Zona anuló la candidatura de la antigua miembro de ETA, pero no canceló la lista, tal y como le reclamó DyJ, porque la misma estaba ya proclamada.

Solo días antes de este incidente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tras la denuncia previa del colectivo de víctimas por la inclusión de exmiembros de ETA en las listas de EH Bildu para el 28-M, había anunciado tajante que no iba a promover ninguna acción legal porque había comprobado que todos los 44 condenados candidatos había cumplido íntegramente sus condenas e inhabilitaciones. Lo que se demostró después que no era cierto en el caso de Majarenas.

DyJ teme que ocurra algo similar con candidatos electos con los que el Estado no ha hecho o no va a hacer nada por recuperar el dinero de las indemnizaciones a las víctimas que adelantó.