Las víctimas olvidadas de los atentados yihadistas en Cataluña

Robert Manrique sabe de lo que habla. Él mismo es víctima del atentado de ETA del centro comercial de Barcelona que en 1987 dejó 21 muertos y 45 heridos. El que fuera delegado en Cataluña de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y presidente y fundador de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas ahora lidera un nuevo proyecto, la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT). Nuevas siglas pero con los problemas de siempre: la «falta de interés de la administración por hacer una búsqueda activa de las víctimas» y una burocracia que atenaza con plazos imposibles a los damnificados para presentar sus reclamaciones.

La UAVAT nació en febrero cuando Manrique y otros técnicos especialistas en víctimas supieron de la desatención de un turista herido en los atentados de Cambrils al que los yihadistas le habían rajado la cara con un machete y al que los hoteles se negaban a devolverle el dinero por la cancelación de su estancia. En junio, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona recibieron 100.000 euros, suficiente para crear un equipo de psicólogos, abogados y asesores, que desde entonces no ha parado.

En sus ocho meses de vida, la UAVAT ya ha encontrado a más de 200 personas (entre heridos, familiares de lesionados y fallecidos y testigos con secuelas psicológicas) que nunca llegaron a figurar en los listados oficiales, que se cerraron con 16 fallecidos y 131 heridos.

Solo en las últimas tres semanas de septiembre, la unidad ha localizado a 40 nuevas víctimas de los ataques de Las Ramblas, Cambrils y de la explosión de Alcanar. Gente, explica Manrique, que fue por su propio pie a los hospitales y que fue atendida oficialmente como heridos por aplastamientos, avalanchas, atropellos masivos ocaídas. Personas, muchas extranjeras, que volvieron a sus lugares de origen sin saber que eran víctima, y sin tener ni idea que el Ministerio del Interior abrió entre el 22 y el 29 de agosto del año pasado una oficina para atenderles.

Un organismo que el departamento que entonces presidía Juan Ignacio Zoido «cerró de inmediato sin que la administración central nunca hiciera un solo anuncio más para publicitar su ayuda o para buscar víctimas», dicen desde UAVAT.

El reguero es incesante. Manrique relata que cada semana aparecen nuevas personas que, aunque ha pasado ya el año de plazo para pedir la declaración como víctima, requieren ayuda psicológica por haber presenciado la masacre. «Hay una mujer a la que se le murió una persona en los brazos. Otra que tuvo que lavar su coche de los restos humanos que le llovían del cielo. E Interior ya nos los atiende», denuncia el gerente de la unidad, antes de reprochar al Estado que haya cerrado los plazos en un año cuando las secuelas psicológicas, tanto para los testigos como para los familiares de los fallecidos o heridos, se pueden manifestar mucho después.