Una 'oficina' para cerrar heridas terroristas

Sara Escudero es la única psicóloga de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. Por su despacho pasan cada mes unos 40 afectados por atentados de diferentes grupos terroristas: ETA, Grapo, yihadismo, GAL... Se trata de implicados directos en los ataques o familiares de asesinados. «Son personas que no han podido pasar página, a quienes el estrés postraumático y otras patologías derivadas del golpe emocional -hayan pasado cinco, diez, veinte o cuarenta años- les sigue acompañando cada día», relata desde su oficina del edificio que la Audiencia Nacional tiene en la calle Goya número 14 de Madrid.

El teléfono fijo de la mesa de Sara suena un par de veces mientras relata su experiencia. Pocos especialistas en nuestro país tienen tanto conocimiento en primera persona de los trastornos que produce un ataque terrorista, de lo que pierde para siempre el ser humano y el tratamiento que se necesita para «reconstruir» interiormente una vida hecha pedazos por la barbarie. «La casa que construyeron se derrumbó de repente y hay que empezar a levantar los cimientos desde cero, tratar de cerrar el pasado para poder construir el futuro», ejemplifica Sara.

Antes de atender a este periódico, la especialista tuvo una cita de una hora con uno de sus 150 pacientes. Se trata de un guardia civil herido por la explosión un coche bomba de ETA. Evidentemente los detalles personales los obvia, pero en su caso el estrés postraumático se acrecentó a los seis años de volver a trabajar. Esto ocurre con una de cada tres víctimas, que padecen dos o más trastornos añadidos (la llamada cormobilidad) y que, en el peor de los casos, se les han diagnosticado hasta seis: depresión mayor, angustia con y sin agorafobia, ansiedad severa, trastorno de la personalidad e incluso alcoholismo.

«¿Que si hay un tratamiento que palie la magnitud de este desajuste psicológico? Prácticamente imposible. Asumimos la cronicidad de la patología en algunos casos, pero en otros muchos sí hay esperanza de que algún día cierren puertas con su trauma», relata Sara, que sonríe, orgullosa, al mentar a los 25 pacientes que ha podido dar el alta tras años de tratamiento.

El periodo desde que se cometieron los atentados hasta que los afectados fueron evaluados es de 15 años. Un tiempo perdido «fundamental» para combatir cualquier patología. En la mayoría de los casos (87%) son heridos directos. Tres de cada cuatro son varones, están casados o con pareja estable y tienen hijos. Además, el 74% tiene un nivel educativo igual o superior al bachillerato y la edad media del enfermo que recurre a esta asistencia gratuita es de 44 años, según recoge la memoria anual de la Audiencia Nacional.

Hace seis años que Sara llegó a una oficina que comenzó a funcionar en 2006 de la mano del Ministerio de Justicia, pocos meses antes de conocerse la sentencia de los atentados yihadistas del 11-M con 193 asesinados y más de 1.800 heridos. Desde el primer día trabaja en la quinta planta de la calle Goya 14 -la sede antes estuvo en la calle Marqués de la Ensenada- una funcionaria, Teresa, que junto a Marta y María componen toda la plantilla de la llamada «oficina» (su teléfono de contacto es el 914007402).

«En estos 12 años hemos asistido a cientos de víctimas. No solo las que piden ayuda psicológica, también las que llaman para que les facilitemos información sobre el estado de los procedimientos que les afectan, situación penitenciaria de los penados, asesoramiento judicial o quienes desean acompañamiento personal en los juicios», relata Teresa. Solo el pasado año la psicóloga acompañó a más de una treintena de víctimas y las dos últimos fueron las parejas de los guardias civiles agredidos en un bar de Alsasua, cuya vista oral concluyó ayer.

Las tres funcionarias han realizado un trabajo ímprobo para recuperar datos de sumarios solicitados por las víctimas. Algunos de atentados anteriores a la existencia misma de la Audiencia Nacional (1977), el tribunal competente para juzgar los delitos terroristas. «Ataques del FRAP, del Frente Polisario, del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación)... hemos tenido que viajar a archivos de Burgos, Ferrol, Salamanca o Alcalá de Henares. Bucear entre decenas de tomos para conseguir información. Sumarios de papel que estaban en muy mal estado. A veces ha sido una odisea», detalla Marta.

Solo en 2016 tuvieron que revisar 737 expedientes en el Archivo Central de Gestión de la Administración de Justicia e Madrid, de los cuales ocho resultaron ser causas por delito de terrorismo que afectan a siete víctimas mortales. «¡Y todos los procedimientos localizados estaban incompletos!», remacha María, quien no obstante agradece la colaboración del Ministerio del Interior y de los letrados de la administración de Justicia de los diferentes tribunales involucrados. «Si no fuera por la buena voluntad de todos para satisfacer a las víctimas no tendríamos ni un hilo del que tirar», interviene su compañera Teresa. Pese a la sempiterna falta de medios humanos en la Administración de Justicia, el silencioso trabajo de la «oficina» sí tiene su recompensa personal.