Víctimas del 11-M pretenden evitar que prescriba la matanza con la doctrina 'Miguel Ángel Blanco'

Y ahora, las víctimas de los atentados de los trenes de Madrid -a poco más de un año de que aquella masacre prescriba al cumplirse 20 años - han visto la posibilidad de, gracias a un sumario totalmente ajeno a su causa, poder evitar que la causa por la matanza de marzo de 2004 se cierre para siempre cuando, según sostiene la asociación, ninguno de los supuestos cerebros de aquella masacre («autores detrás del autor») se sentaron el banquillo y todavía cabe la posibilidad de que nuevas investigaciones descubran flecos y señalen a hipotéticos huidos.

La decisión de la Asociación de Víctimas del 11-M se produce apenas dos semanas después de que el pasado 7 de febrero la Sala de lo Penal del tribunal de la calle Génova se negara a dar carpetazo al sumario reabierto en julio de 2022 por el juez Manuel García Castellón por el asesinato de Blanco y avalara su investigación contra cuatro exjefes de ETA por aquel secuestro y ejecución (Iñaki Gracia, 'Iñaki de Rentería'; Mikel Albisu; 'Antza'; Soledad Iparragirre, 'Anboto'; y José Javier Arizkuren, 'Kantauri').

El fallo de la Sala de lo Penal, de facto, supone que, al menos por el momento y mientras no se llegue a un juicio o esta cuestión no desembarque en el Supremo, un total de 430 crímenes terroristas, perpetrados entre 1990 y 2010 (198 cometidos por ETA más otros atentados, la mayoría de corte yihadista como los del 11-M) puedan seguir siendo enjuiciados.

En ese auto, en el que se confirmó la imputación del exjefe etarra Iñaki de Rentería como presunto responsable intelectual del secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, la Sala de lo Penal reconoció la «trascendencia de la cuestión suscitada» por Dignidad y Justicia (DyJ). La asociación de víctimas presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA, sostiene, en una tesis acusatoria hasta ahora inédita, que el Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos permitirían declarar imprescriptibles todos los atentados terroristas y crímenes de lesa humanidad perpetrados entre el 24 de diciembre de 1990 y el 23 de diciembre de 2010.

La Audiencia Nacional, en suma, cree que esta nueva 'doctrina Miguel Ángel Blanco' (como se ha dado en llamar este planteamiento del letrado de DyJ, Miguel Ángel Rodríguez) debe ser abordada en el juicio, y llegado el momento en sentencia recurrible ante el Supremo, habida cuenta de las posibles implicaciones que podría tener por la posible imprescriptibilidad de, entre otros, del que sigue siendo el mayor y más sangriento atentado de la historia de España y de Europa.

El 11-M fue un proceso policial y judicial mastodóntico en el que se llegó a investigar hasta a 116 personas. De ellas, sólo 21 resultaron condenadas por la Audiencia Nacional, y tres fueron posteriormente absueltas por el Tribunal Supremo. Aunque la justicia certificó sin género de dudas que los atentados de los trenes –en los que 193 personas fueron asesinadas y otras 2.057 resultaron heridas- fueron obra de una célula yihadista vinculada al Grupo Islámico Combatiente Marroquí, la sentencia dejó sin aclarar si por encima de los encausados había otros cerebros o jefes. Tampoco arrojó luz hasta qué punto la dirección de Al Qaeda de la época estuvo al tanto de los planes criminales.

Según mandos de la lucha antiterrorista, en la actualidad no hay ninguna línea de investigación abierta relacionada con los atentados de los trenes y el caso se considera cerrado. No obstante, ningún responsable de los servicios de Información descarta, ni mucho menos, que un futuro en alguna investigación propia o de servicios «aliados» aparezca algún indicio que pueda incriminar a personas desconocidas hasta ahora.