«Vamos a apurar todo lo posible con el plan anticrisis para acertar»

–¿Puede acabar ese impuesto abocado a la mínima expresión?

–Se han incorporado modificaciones que devienen de la negociación con los grupos, como pasa con cualquier proyecto de ley, y también de la adaptación de la resolución que emitió la Comisión Europea una vez ya se había iniciado el trámite parlamentario. En cualquier caso, el principio básico de que las empresas realizaran una aportación adicional que permitiera financiar los recursos de las medidas que se van a dirigir a la mayoría social del país sigue en marcha. El impacto de estas modificaciones está en el entorno de 250 millones de euros. Pero también le da mayor seguridad.

–El de los recursos futuros es uno de los hándicap que planteaba el proyecto...

–El impuesto gana fortaleza con todo lo que se le incorpora de mejora, lo que le permite ser más robusto jurídicamente. Y cuenta con todos los elementos necesarios por si posteriormente alguien lo lleva a los tribunales, sobre todo aquellos que defienden los intereses de las empresas aunque no siempre lo dicen de forma explícita. Detrás de toda la retahíla de reproches que plantea el PP, lo que busca son excusas. Porque son más representativos de los intereses eléctricos, grandes patrimonios y entidades financieras que de la mayoría social que necesita una redistribución de los esfuerzo.

–Mantienen gravar ingresos frente a beneficios, a pesar de la recomendación de Bruselas.

–Nosotros incorporamos a la resolución de la Comisión no solamente la definición respecto a lo que ya se había planteado de los beneficios extraordinarios, sino que se respetarían todas las decisiones que se hubieran adaptado previamente en relación con gravar los intereses similares a los que ahí se pretendían regular. Es decir, que previamente a que a que la Comisión emitiera la resolución ya planteó los elementos que permiten compatibilizar nuestro impuesto con lo que en el futuro se puedan desarrollar en otra parte. Y, por tanto, estamos perfectamente adaptados a todas esas recomendaciones.

–Falta poco un mes para que finalice el año y, con ello, el fin de las medidas para luchar contra la inflación. ¿Cuáles va a modular, cambiar o eliminar?

–Es precipitado aún. Estamos acercándonos todo lo posible a la situación del año que viene para acertar, dada la volatilidad del petróleo, la luz, la inflación... Hay algunas medidas que han tenido un efecto muy importante sobre la inflación y todo apunta a su prórroga. Otras, tendremos que ver, por su coste eficaz, si tienen ya ese papel. Lo importante que tienen que ser fácilmente gestionadas, es decir, que aunque en teoría puede haber muchas cuestiones que a uno le gustaría, luego tienen que producir un resultado en el mes de enero, febrero o marzo. Porque hay cuestiones en política fiscal que si no se hacen así no tienen el impacto hasta pasado un año vencido, cuando ya las familias no tendrían que sortear los efectos de la crisis. El objetivo es ver qué medidas son buenas para el control de la inflación y para que las familias tengan un apoyo añadido en los combustibles o la factura de la luz.

–¿Cuando habla de medidas «gestionables» se refiere a la bonificación del combustible, que llega a todos los ciudadanos, aunque lo deseable sería segmentarla por rentas?

–Me refiero a que se puede plantear el argumento de que se pudiera profundizar en esas cuestiones que algunos países han hecho, pero que han tenido que dar marcha atrás por su inaplicabilidad o porque han dado lugar a un fraude importante. Lo que no podemos hacer que los gasolineros sean inspectores tributarios para dedicarse a ver qué nivel de renta tiene cada uno. Si los precios de los combustibles siguen siendo tan altos como cuando se adoptó esa ayuda, habrá que actuar en consecuencia. Si ya vemos que se va normalizando la situación del petróleo, habrá que proteger al transporte. Eso es lo que se va a decidir estas semanas.

–¿Y todo ello aunque sea a coste de mermar la recaudación?

–Hay medidas estructurales, como la gratuidad del ferrocarril, que se han incluído en el Presupuesto. Pero hay otras que van a cargo de una reserva. Se nos ha criticado el Presupuesto por prudente. Pero si la inflación se mantiene y las condiciones lo aconsejan, estamos en condiciones de financiar 10.000 millones de euros en medidas que nos permitan continuar ayudando a las familias y a la vez mantener la estabilidad fiscal.