Vacas y ganaderos como espoleta política

Ese es el escenario de partida que desemboca en Salamanca en una concentración de ganaderos con un intento de asalto de la delegación de la Junta que deja un detenido y diez heridos (nueve policías) y que lleva a preguntarse qué ha pasado para llegar a ese extremo. «Se veía venir». Manuel Martínez, presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal), resume el sentir del colectivo sobre el conflicto apenas unos días después de que los antidisturbios tuvieran que frenar ese intento de irrupción violenta en la sede salmantina de la Junta por parte de ganaderos que exigían la cabeza de los funcionarios que deben aplicar las campañas de saneamiento animal para erradicar la tuberculosis que aplica la Administración autonómica, pero bajo regulación europea trasladada a normativa estatal por el Gobierno en conferencias en las que participan las comunidades.

Ese «se veía venir» tiene un punto de partida que se remonta a la campaña electoral de Alfonso Fernández Mañueco de 2019, con los sondeos augurando la derrota electoral que el popular puenteó después gracias al pacto con Ciudadanos. Parlamentario autonómico con escaño en Salamanca, el entonces candidato prometió a los ganaderos de Tamames que iba a «flexibilizar las normas europeas en el territorio y más concretamente en saneamiento ganadero para hacer compatible la sanidad animal con la rentabilidad de las explotaciones». Esa promesa no se tradujo en cambios y en esto llegó Vox al Gobierno de Castilla y León como socio del PP y, a la vez, competidor por el voto rural. 'Siembra', es su lema político. El indulto de las vacas de una ganadería de Riaño contraviniendo la orden de sacrificio firmada por los veterinarios de la Junta fue una de las primeras medidas que tomó Juan García-Gallardo como vicepresidente.

«Hemos suspendido cautelarmente la resolución que iba a obligar al ganadero al sacrificio de 140 reses», defendía el dirigente de Vox el 23 de mayo, en su primera comparecencia en las Cortes de Castilla y León, declarándose cercano a un propietario «desvelado por la lógica incertidumbre de saber en riesgo su trabajo y su medio de vida». A esa declaración recogida en el Diario de Sesiones del parlamento regional se suma un vídeo sobre el terreno, en Lario, en el que García-Gallardo abraza al ganadero y esgrime que se ha acabado el matar vacas «así, por las buenas».

La primera consecuencia de ese giro fueron las dificultades de Vox para encontrar responsable político que asumiera la dirección general que se ocupa de la sanidad animal. Fue el último cargo del Gobierno de coalición que tomó posesión. Tras mucho buscar, García-Gallardo tuvo que hacer cambios en el grupo parlamentario y recurrir a una procuradora: Teresa Rodríguez, ingeniera agrónoma y ganadera de Salamanca. A esa tardía toma de posesión le siguieron cinco ceses de jefes de servicio y del coordinador de esa dirección general. «La unidad central veterinaria está desmantelada», reconocen fuentes del PP en privado. «En ese consejo de dirección de la Consejería de Agricultura y Ganadería no hay ni un veterinario, nadie con un perfil sanitario», lamenta Manuel Martínez.

En paralelo a ese devenir administrativo toman fuerza en los últimos meses las movilizaciones a pie de granja, impulsadas por la plataforma Ganaderos Unidos que aglutina a las organizaciones agrarias, cooperativas y entidades de un sector que soporta una crisis tras otra: del bajo precio de la leche a la subida de las tarifas de la electricidad y el gasóleo, la sequía y el incremento de los costes del cereal y los piensos por la guerra de Ucrania. Suman a esa lista el malestar por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de proteger al lobo prohibiendo la caza mientras crecen los ataques al ganado y la chispa salta por las medidas para erradicar la tuberculosis. «Buscamos una solución para el problema porque una explotación que está en positivo está abocada a la ruina», explicaba Ramón Guarido, uno de los portavoces de la plataforma la mañana del asalto a la sede de la Junta.

Ese es el caldo social sobre el que la Consejería de Agricultura aprueba en mayo una relajación de los controles que convierten Castilla y León en una 'isla' en la que, por ejemplo, no es obligatorio chequear que no sean positivo de tuberculosis animales que participan en ferias, que reduce el empleo de PCR en matadero y que elimina controles para mover reses de pastos con animales positivos a cebaderos de origen. Los veterinarios funcionarios de la Junta avisaron a la consejería de que eran medidas ilegales. Por eso los ganaderos se concentran ante la sede de la Junta pidiendo la destitución de los técnicos.

Su informe es el que usó la Abogacía del Estado para solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la anulación de las medidas con suspensión cautelar inmediata después de que las autoridades europeas instaran al Gobierno a frenar la aplicación. «Durante su sustanciación se habría consumado un daño irreparable sobre la cabaña ganadera española y europea, de tal forma que el mero incremento potencial del riesgo de contagio de la tuberculosis bovina afectaría al estado de la sanidad animal y al mercado común, y en el momento que el riesgo se concrete, el daño se irá consumando sucesivamente y sin remedio», recoge el auto judicial que asume la petición del Gobierno.

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas (Vox), insistía el día en que se aplicaba esa suspensión judicial en la legalidad de sus medidas que tenía que publicar «sí o sí» esa resolución porque «el sector está demandando un cambio en los criterios de control de la enfermedad». El consejero dio un paso más en la crítica de los controles vigentes sobre esta enfermedad animal que puede transmitirse a las personas. «Se lleva al límite la salud pública», apreció Dueñas. Ese mismo miércoles, la Comisión Europea confirmaba que la flexibilización de Castilla y León era ilegal y recordaba la importancia de la vigilancia «estricta», porque se persigue «erradicar» la tuberculosis, no convivir con ella.

El conflicto ganadero pone sobre la mesa las cuantías de las indemnizaciones por animales que es obligatorio sacrificar. Están en torno a los mil euros por res. Veterinarios, organizaciones agrarias y Junta coinciden en que, incluso sumando un seguro de daños, no cubren lo que vale la res ni el lucro cesante ni la mejora genética que el ganadero haya trabajado en su explotación. «Hemos pedido al Gobierno un incremento del 10%», apunta el consejero. Ese mismo día publicaba la Junta las ayudas que cada año articula para subvencionar la reposición de animales sacrificados. A preguntas sobre si ellos subían las cuantías, el consejero reconocía que las tarifas autonómicas, de 235 a 450 euros, no se han actualizado.

Castilla y León cierra un capítulo en el que el Gobierno, en ese pulso con la Junta, aplicó un '155 ganadero' durante diez días, prohibiendo sacar ganado de toda la comunidad. También de las tres provincias que oficialmente están libres de tuberculosis (León, Valladolid y Burgos) y de las otras tres con una prevalencia tan baja que verán reconocido este estatus por la UE en próximos meses: Zamora, Palencia y Soria. 10 días sin poder trasladar animales vivos ni exportar en una comunidad en la que el trabajo en saneamiento ganadero rebajó la incidencia de la tuberculosis del 5,10% de 2002 al 1,34% de 2021. Esa mejora se trunca ahí y en 2022 sube la prevalencia al 2,07%. Por Salamanca.

Los veterinarios creen necesario analizar las causas por las que la comarca de Vitigudino concentra los casos de tuberculosis de la comunidad. Dicen que es la zona con mayor densidad de ganado vacuno y apuntan también a los 'reservorios' de la bacteria en la fauna salvaje, algo que debería controlar la Consejería de Medio Ambiente. «Pero una cosa es revisar causas y medidas y otra saltarse a la torera las normas», incide el presidente de Sivecal.

La valoración del ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido clara. «Están en crear un problema saltándose la ley. No se puede evitar la realidad de la evidencia científica. Vox está inoculando (al PP) prácticas contrarias a la seguridad y la sanidad animal. Por favor, no más juegos», remarcó el dirigente socialista.

En Vox, García-Gallardo insiste en que no van a dar «ni un paso atrás en la defensa de nuestro campo» y lo hace en nombre de «la Junta de Castilla y León». Añade que «las instituciones de Bruselas hace años que han emprendido un camino suicida, el de la destrucción de nuestro tejido productivo». Casi a la vez, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, asegura que la comunidad, que recibe de la UE 924 millones de euros anuales solo en ayudas de la PAC para agricultores y ganaderos, cumplirá la ley.

Una batalla ideológica que se libra en un terreno de juego económico, el que dibujan 36.000 explotaciones ganaderas, con 70.000 empleos en Castilla y León y unas exportaciones que suponen 670 millones de euros anuales en la región, para las que es clave el prestigio reputacional.

El conflicto sigue abierto.