Unidas Podemos se querellará contra Batet por prevaricación

El portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, precisó que el querellante es Rodríguez, no la formación confederal, aunque tiene todo su «apoyo». Añadió que la vicepresidenta Yolanda Díaz también estaba informada de la iniciativa.

Batet retiró el escaño al diputado condenado por el Tribunal Supremo por golpear a un policía tras recibir un oficio del presidente de su Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien le ratificó la inhabilitación a Rodríguez que acompañaba a la multa de 540 euros ya abonada. La presidenta del Congreso le había consultado sobre el alcance del fallo tras el informe contrario de los letrados del Congreso.

Unidas Podemos reprocha a Batet que haya acabado «cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y la extrema derecha». En un primer momento, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Podemos, se acogió al informe de los servicios jurídicos. Pero Marchena recordó al órgano rector de la Cámara que no podía reinterpretar la sentencia.

La querella ya había sido anticipada por la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que acusó a la presidenta del Congreso de prevaricar. «El Supremo presiona a la presidencia del Congreso para retirárselo (el escaño) aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia», dijo en Twitter. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tardó en rechazar sus palabras. En un acuerdo de su Comisión Permanente, aunque no refrendado por unanimidad, mostró su «absoluto y rotundo rechazo» a tales manifestaciones porque atribuyen «la comisión de un delito» a los magistrados.

El órgano de gobierno de los jueces mostró «su profundo malestar» ante unas declaraciones «formuladas por un miembro del Gobierno» y recordó que «son ya varias las ocasiones» en que «ha tenido que pronunciarse en ese sentido». Se refería a los encontronazos con Pablo Iglesias cuando era vicepresidente segundo a propósito de las derrotas jurídicas del Supremo en tribunales europeos en su afán por la extradición de Carles Puigdemont.

Para los miembros del CGPJ, las afirmaciones de Belarra «exceden absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión», además de «generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación». Incluso sugieren en su nota un posible conflicto con el Gobierno. Y es que recordaron que Belarra es «un miembro del Poder Ejecutivo», por lo que sus declaraciones sitúan «las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».

Por su parte, el PSOE cerró filas con la presidenta del Congreso y dirigente de los socialistas catalanes, dado que se ha limitado «en todo momento a dar cumplimiento a la ley y las sentencias emanadas de los tribunales». Fuentes de la dirección del partido añadieron que «las sentencias se pueden recurrir, pero no se pueden incumplir».

También el líder del PP terció en el debate, aunque fue para exigir a Pedro Sánchez la destitución de la ministra Belarra por acusar al Supremo de «cometer un delito». Pablo Casado señaló en Twitter que «el ataque a la justicia y a las instituciones por parte de los socios radicales de Sánchez es intolerable. Si no actúa ya se convertirá en cómplice».