El último informe del Senado sobre la amnistía avisa de que afectará al sistema de financiación común

El informe, que saldrá adelante gracias a la mayoría que ostentan los populares en la Cámara alta, avisa además de que esta proposición de ley se opone a principios esenciales del Estado de Derecho, como el de la igualdad, además de que podría afectar «negativamente a todas las comunidades de régimen común». Alega que, a pesar de que la ley que pactaron el PSOE y los independentistas catalanes dice cubrir los delitos de malversación siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, toda malversación afecta indudablemente «a la Hacienda única del Estado de la que se financian todas las comunidades». Por tanto, «la lesión de los intereses financieros de la Hacienda común supone una lesión de los intereses financieros de todas las comunidades autónomas».

Los barones del PP ya se unieron en octubre contra Pedro Sánchez por la financiación. Uno a uno subieron a la tribuna del Senado para advertir al presidente y a su Gobierno de que no iban a consentir más privilegios a Cataluña en detrimento de sus territorios, además de incidir en que con la amnistía y con la negociación con los independentistas se «romperá la igualdad de todos los españoles. «Cataluña –denunciaron entonces– no es ni más ni menos que nadie».

El borrador incide también en la tesis que expresaron los servicios jurídicos del Senado que hablaba ya de una «tramitación fraudulenta y tortuosa» al hacerlo a través de una proposición de ley y no de una reforma de la Constitución. Recuerda que las Cortes Generales «no solo no tienen constitucionalmente atribuida la potestad excepcional de conceder amnistías, sino que, de una interpretación sistemática de la Constitución, cabe deducir sin dificultad la existencia de una prohibición implícita de la amnistía». Para tener esa potestad, apunta el texto, tendría que reformarse el artículo 66 de la Carta Magna.

El texto alude también a la regulación constitucional del derecho de gracia, recogido en el artículo 62, que contiene «una prohibición implícita al legislador» de conceder medidas de gracia, así como a su incompatibilidad con los principios básicos del Estado de Derecho, la igualdad en la aplicación de la ley y la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para ahondar en la «manifiesta inconstitucionalidad» de la norma.