Txapote se niega a declarar sobre el asesinato de un funcionario de prisiones

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio de Txapote, que fue jefe del aparato militar de ETA hasta su detención en Francia en 2001, como presunto inductor del atentado.

También son juzgados los presuntos autores materiales, Iñigo Guridi Lasa, alias Xabi; Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, y Aitor Agirrebarrena Beldarrain, alias Peio, que se enfrentan a la misma petición de pena del fiscal y que igualmente se han negado a prestar declaración.

Todos ellos se encuentran en prisión cumpliendo condenas por otras causas de la banda terrorista ETA.

Según el fiscal Guridi, Arzalluz y Agirrebarrena integraban el comando Ttotto, que estuvo activo en Álava entre junio de 1999 y febrero de 2001 y cuyo responsable último dentro del organigrama de la organización terrorista era Txapote, que se encargó de señalar como objetivo a Máximo Casado Carrera, que estaba destinado en la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava).

Para ello desde Francia se encargó de enviar a los miembros del comando datos de las costumbres de la víctima que le facilitaron los integrantes de un comando de información de ETA, Juan Carlos Subijana y Zigor Bravo, ya condenados a 28 años de prisión por estos hechos, además de las llaves del garaje del edificio en el que se encontraba la vivienda del funcionario.

El fiscal añade en sus conclusiones provisionales que de esta forma los miembros del comando colocaron en los bajos del coche del funcionario una bomba lapa que hizo explosión cuando éste lo puso en marcha sobre las ocho menos cuarto de la mañana del 22 de octubre de 2000.

El ertzaina que instruyó el atestado tras el atentado ha testificado que el 19 de noviembre siguiente ETA reivindicó en el diario Gara 17 acciones terroristas, entre ellas el asesinato de Máximo Casado Carrera, y que la banda enmarcó esta acción «en una estrategia o dinámica contra el poder judicial y los carceleros».

Además de la pena de prisión referida por los delitos de asesinato y estragos terroristas el fiscal solicita que se les prohíba aproximarse y comunicarse con la viuda y la hija de la víctima así como a acudir a Vitoria o al lugar de residencia de los familiares del fallecido durante cinco años, y que indemnicen en 300.000 euros a cada una.

La acusación particular, ejercida por la viuda y la hija de la víctima, y la popular, por la Asociación Víctimas del Terrorismo, solicitan penas para los acusados de 44 y 33 años respectivamente, mientras que los abogados defensores reclaman la absolución.