TV-3 acata y retira de su lenguaje los 'presos políticos' y los 'exiliados'

Así, algunos hablaban de presos independentistas o políticos presos o también presos políticos. Sirva como ejemplo, los periodistas de los servicios informativos de la cadena pública no suelen aparecer en antena con lazos amarillos. En cuanto a exilio o exiliados, su uso estaba generalizado. «Si la BBC puede usar exiliados o exilio y nosotros no, no es justo», se quejó Sanchis. Esa afirmación no es del todo precisa, ya que la cadena británica se refiere a la situación de Puigdemont de «exilio autoimpuesto».

Las informaciones que dio este viernes la cadena sobre esta noticia iban encabezadas por un mensaje que decía que «no se han podido utilizar expresiones usadas anteriormente por criterios periodísticos como exilio o presos políticos en cumplimiento de la resolución de la Junta Electoral que las considera contrarias al pricipio de neutralidad informativa». En la entradilla del informativo, la presentadora hablaba de «imposición y veto».

El organismo electoral cree que los términos presos políticos y exiliados forman parte del lenguaje de algunos partidos que concurren a las elecciones generales por lo que, a su entender, son «contrarios al principio de pluralismo político y social y de neutralidad informativa» que deben regir los medios públicos en periodos electorales.

La decisión de la Junta Electoral movilizó e indignó a las plantillas de TV-3 y Catalunya Ràdio, cuyos consejos profesionales afirmaron que «censurar palabras es censurar información». «Es una censura incompatible con el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa», aseguraron. Desde el Colegio de Periodistas de Cataluña señalaron que se trata de una «injerencia» por parte de la Junta Electoral, que a su juicio se ha «extralimitado» en sus funciones. Los medios públicos, en este caso los catalanes, deben abstenerse de llevar a cabo «prácticas informativas que se aparten injustificadamente de la vigente legalidad, en perjuicio de la neutralidad informativa que caracteriza especialmente en periodo electoral», según la resolución.

La prohibición terminológica incluye también el concepto de 'juicio a la represión' para referirse al que se está celebrando en el Tribunal Supremo. La Junta Electoral considera que se trata de «un juicio realizado dentro de las normas del Estado de Derecho». La resolución da respuesta a una denuncia interpuesta por Ciudadanos, que incluyó además en su reclamación una queja por la cobertura de TV-3 de la manifestación que los secesionistas celebraron en el centro de Madrid el pasado 16 de marzo. La resolución obliga al ente público a adoptar «medidas compensatorias» para las formaciones que no apoyaron esa manifestación.

Como ya hizo el jueves, el presidente de la Generalitat cargó con todo contra la Junta Electoral, que se ha convertido en la nueva bestia negra del secesionismo y en la excusa para seguir hablando de que España es un Estado «autoritario» donde aún se practica la «censura» de prensa y donde se «vulneran las libertades», según el discurso de Quim Torra. «Es intolerable que el Estado prohíba símbolos, colores y palabras», afirmó desde Lisboa. A su entender, la deriva autoritaria de España «no tiene fin».

Torra acabó la semana cargando contra la Junta Electoral, con quien está librando un pulso y una batalla judicial desde hace semanas. El dirigente nacionalista presentó el miércoles una querella por prevaricación contra el organismo que vela por la neutralidad de los procesos electorales. Fue su respuesta a la decisión de la Fiscalía de querellarse contra el líder soberanista por desobediencia por los lazos amarillos. Acabó acatando, aunque dos días después del plazo establecido. Tanto Ciudadanos como el PSC celebraron la decisión de la Junta Electoral.