La CUP presiona a Puigdemont para que no pise el freno

Más explícito no se puede ser. Celebrar elecciones autonómicas, como las que desde Madrid le ofrecen a Puigdemont para que evite el 155, con otras condiciones añadidas, supone para la CUP el final del trayecto, una forma de plegar velas, después de cinco años de proceso secesionista. «Sería un acto de sumisión y vasallaje, nos tratan como a una colonia. Convocar elecciones autonómicas sería la herramienta más eficaz y demoledora para parar el proceso de independencia», aseguró el diputado cupero Carles Riera. «Nos consta que esta propuesta está sobre la mesa del Gobierno catalán», remató.

Los antisistema, una vez más, actuaron como lo han hecho durante los dos últimos años, presionando como un martillo pilón sobre el presidente de la Generalitat para que no se desvíe ni un milímetro de la senda hacia la ruptura y el choque institucional. Y siempre utilizando el argumento de que a los dirigentes del PDeCAT les tiemblan las piernas y cederán ante la presión de las empresas, la UE y el Gobierno central. «Las deliberaciones del Govern son secretas. No contestaré para no entrar en especulaciones», fue la respuesta del portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, cuando este martes fue preguntado sobre si los comicios son una posible respuesta a la aplicación del 155.

Lo que sí habrá es respuesta del independentismo al 155. Pero en estos momentos no la quieren verbalizar, entre otras cosas, porque ni los propios protagonistas saben cómo va a evolucionar la semana y también porque esa respuesta la tienen que consensuar entre el Gobierno autonómico, los partidos que lo apoyan (PDeCAT, ERC y la CUP) y las entidades (ANC y Ómnium).

La CUP y las plataformas soberanistas no están por unos comicios; por lo tanto, si esta es la réplica ya no será de consenso. «Son momentos muy trascendentes, muy delicados y, para no dar juego a especulaciones ni divisiones, lo haremos de acuerdo a los grupos parlamentarios», según Turull. El consejero de la Presidencia tampoco quiso aclarar si la respuesta política será una declaración unilateral de independencia, como colofón del pleno monográfico que arranca mañana en la Cámara catalana.

A día de hoy es la opción favorita de todas las partes, aunque de forma oficial no se quieran cerrar aún todas las puertas a una salida negociada, que en estos momentos no se vislumbra por ninguna parte. Puigdemont, que anunció una doble respuesta jurídica contra el 155, mediante dos recursos al Supremo y dos recursos al Constitucional, insistió en su voluntad de ir al Senado para alegar contra la aplicación del 155, si bien desde el Palau de la Generalitat empezaron a poner algunas excusas en torno a las fechas que sonaron a que las ganas de ir tampoco son muy grandes. «Al principio todo eran facilidades y ahora todo son cambios sobre la marcha. Nos da la impresión de que no quieren que vayamos», afirmó Turull. En principio, Puigdemont es partidario de ir al Senado entre hoy y mañana por la mañana, para luego poder asistir al pleno de la Cámara catalana por la tarde. Aunque tampoco se descarta su intervención el viernes por la mañana, lo que dejaría el plato fuerte del Parlamento catalán para el viernes a última hora.

Si el Senado aprueba el 155, tal y como está planteado en estos momentos, Junts pel Sí y la CUP declararán la independencia (está por ver el formato). Y a partir de ahí, el secesionismo llevará el conflicto a la calle, ya que apostará por la resistencia, según un documento de Junts pel Sí, para tratar de que el 155 no pueda aplicarse de manera efectiva. Esta defensa se llevaría a cabo por cientos de miles de personas, que como el 1-O o en la protesta del 20-S, se plantarán ante el Palau de la Generalitat, el Parlamento, las Consejerías o TV-3, e impedirán el paso a todo el que quiera acceder, ya sean los nuevos encargados de gestionar la Generalitat o la Policía para detener a los miembros del ejecutivo. Ese es el escenario de «lucha» que plantea la CUP, que prevé un «proceso de resistencia largo y duro» en defensa de la independencia.

Los miembros del Gobierno catalán, de hecho, no contemplan dejar sus cargos salvo que sean cesados por el president de la Generalitat, el mismo que les nombró. Por ello, ayer Jordi Turull se despidió de la habitual rueda de prensa de los martes tras la reunión de gobierno con un elocuente «hasta el martes que viene».