Turull dice en el Supremo que se saltó la ley «por mandato popular»

Este martes, Turull volvió a tomar la palabra en público en la cuarta jornada del juicio. El candidato frustrado de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat, después de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, se fajó en el cuerpo a cuerpo con el fiscal Jaime Moreno. Fue uno de los momentos más celebrados hasta la fecha de la vista oral. Al menos, el dirigente convergente trató de rebatir las graves acusaciones que pesan sobre él, traducidas en una petición de 16 años de prisión.

Cosa que no hizo después el procesado Raül Romeva, que siguió la estrategia política de su colega en Esquerra Oriol Junqueras y renunció a defenderse. «Soy un preso político y un hombre de paz», zanjó ante el tribunal, en otra suerte de martirio personal en favor de los ideales independentistas.

Defendido por el abogado Jordi Pina, Turull entró de lleno en los aspectos técnicos de su acusación con algunos tintes políticos. Declaró tres horas y media. Empezó su alocución apretando el acelerador contra la Fiscalía por sostener la rebelión con vehemencia en la primera sesión. «Fue una falta de respeto a los ciudadanos catalanes. No son ovejas ni gente que esté militarizada. Si habla de la gente así es desconocer Cataluña; el movimiento va de abajo a arriba y hay entidades que recogen este sentimiento y quieren darle una salida política y pacífica».

El acalaromiento en la Sala subió varios grados. Hasta que el presidente Manuel Marchena intervino para cortar su alegato y centrar el interrogatorio. «Se nos va de las manos», exclamó. Turull asintió y el fiscal Moreno siguió con sus preguntas, pero apenas cinco minutos después volvió a suceder un rifirrafe con la intervención a mayores de los abogados defensores.

Fue a raíz de que el acusado contara que todo comenzó con una negativa de la CUP a apoyar los presupuestos, en julio de 2016. «Había dos opciones: o se ha acabado la legislatura o pensábamos qué hacer. Y ahí es donde triunfó la solución del president Puigdemont de 'referéndum o referéndum' pactado con el Estado». «¿Y cuándo se decidió romper con todo?», le cuestionó el fiscal. «Hasta el último minuto fue pactado», respondió Turull, de 54 años, admitiendo de forma velada la vía unilateral y la desobediencia reiterada de las resoluciones judiciales.

Algo pasó entonces por la cabeza de los abogados cuando aquél reconoció que se saltaron la ley hasta llegar a la declaración de independencia, aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017. Andreu van den Eynde, defensor de Junqueras, pidió la palabra para corregir al fiscal, pero Marchena le frenó en seco.

En este contexto de la vía unilateral, Turull prosiguió con que un político debe «ponderarlo todo» cuando está en un momento límite, sobre todo «nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña».

Sobre dos cuestiones clave para el tribunal, el conocimiento del documento 'EnfoCats' -la hoja de ruta secesionista incautada en un registro al número dos' de Junqueras- y los gastos del referéndum ilegal, el exconsejero de Presidencia tiró balones fuera. Ello pese a que su departamento es uno de los más señalados por la presunta malversación.

Del mismo modo, matizó al tribunal que la DUI solo fue «una expresión de voluntad política» que expresaba el sentir «mayoritario» de los catalanes, pero no consumaba la secesión. «El problema que ha habido aquí es que el Gobierno de España, menos politica y diálogo, ha estado dispuesta a hacer de todo. Y donde no llega hay una Fiscalía que te lo afina, cloacas del Estado...».

Más alejado de la realidad jurídica se posicionó Romeva. El exconsejero de Exteriores solo contestó a su abogado. Las dos horas de declaración del dirigente de ERC, de 47 años, se evaporaron en una especie de clase sobre derecho internacional a sus experimentados oyentes. Una intervención exculpatoria que ancla su legitimidad en los derechos humanos. Una defensa en clave de «segunda vuelta» en Estrasburgo.

«Quienes defendemos estos valores pacíficos y democráticos estamos en el banquillo, y aquellos que amenazan dichos valores se sientan en las acusaciones», declaró. Sobre el destino de los 120.000 euros a los observadores del referéndum, por ejemplo, ni palabra. Este miércoles sigue el juicio con el interrogatorio a Josep Rull.