El TSJC sentencia que la escuela de Canet imparta una asignatura troncal en castellano

Este centro educativo estuvo en el centro de la polémica lingüística a finales de 2021 por el linchamiento que sufrió la familia de esta alumna, que consiguió en primera instancia en los tribunales que su hija recibiera al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Se lo reconoció de forma provisional el TSJC, que dictó una orden que el Govern acató. El fallo se debía aplicar únicamente en el aula de la familia que lo pidió. El Govern apoyó manifestaciones contra esta familia. Los padres fueron víctimas de una campaña muy radical en las redes sociales. Un exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona llegó a pedir que se «apedreara» la casa del alumno y a reclamar que la familia se marche de Cataluña. «No queremos supremacistas castellanos que nos odian«, escribió.

La sala quinta de los contencioso administrativo del TSJC evita hablar de porcentajes, pero ha resuelto ahora a favor de esta familia y de forma definitiva ha avalado que su hija reciba al menos una asignatura en español. «Reconocer, como situación jurídica individualizada, el derecho del actor a que, mientras su hija permanezca escolarizada en el sistema educativo catalán, reciba de forma efectiva en castellano, aparte del área de conocimiento, competencia clave, asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dicha lengua, una o unas áreas de conocimiento, competencias clave, materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales», afirma la sentencia.

La cuestión del 25% de castellano está en los tribunales. El TSJC obligó a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en español en todos los centros educativos, fallo que fue ratificado por el Supremo. La sentencia provocó una tormenta política. El Govern puso en marcha una ofensiva legislativa para tratar de esquivar la aplicación de la sentencia. El Ejecutivo de Aragonès aprobó una nueva ley lingüística sobre el uso de lenguas oficiales en las aulas. También aprobó un decreto sobre proyectos lingüísticos de los centros, que no fijaba porcentajes y no ordenaba a los centros a aplicar el 25% de español.

El TSJC, que había dado un ultimátum al Gobierno catalán para que adoptara las medidas para empezar a cumplir el fallo judicial, admitió que con la nueva normativa la sentencia del 25% era inaplicable. Eso sí, trasladó el problema al Constitucional, que es quien deberá determinar si la nueva normativa aprobada por el Govern y la Cámara catalana se ajusta a la Carta Magna. Pero el TSJC ya avanzó meses atrás que ve esa normativa anticonstitucional.

Antes de que el Govern aprobara la nueva normativa para intentar esquivar la sentencia del 25% que afecta a todos los centros, hubo padres que a título individual recurrieron a la justicia para reclamar más castellano para sus hijos, en cada una de sus aulas en concreto. Hasta la fecha, la justicia ya ha reconocido varios casos en los que los alumnos tienen derecho a recibir la educación también en español en al menos una asignatura troncal, como ha decidido sobre Canet.