Borràs no acatará la retirada del escaño de un diputado de la CUP

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Cataluña condenó este martes a seis meses de inhabilitación al diputado anticapitalita para el ejercicio de cargos públicos. Pau Juvillà es secretario tercero de la Mesa del Parlament, el único que tiene la CUP en el órgano de gobierno del hemiciclo, y anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Su condena, por tanto, no es firme. No obstante, si la Junta Electoral sigue la doctrina que aplicó al expresidente de la Generalitat, Quim Torra, le suspenderá como diputado en la Cámara catalana. Y en ese caso, Laura Borràs tendrá que tomar una decisión: acatar o no la orden de la Junta Electoral. Entre ERC, Junts y la CUP tienen mayoría en la Mesa.

En la pasada legislatura, el presidente de la Cámara autonómica, el republicano Roger Torrent, asumió la decisión de la Junta Electoral y retiró el acta a Torra. Borràs y Junts fueron muy críticos con el de ERC, al que acusaron de traidor.

La líder nacionalista avisó este martes que no piensa apartar a Juvillà mientras no haya una sentencia firme del Supremo, lo que situará el Parlament en una nueva bronca. «No tiengo ninguna potestad ni voluntad de retirarle el escaño», advirtió. En línea con la defensa que hizo Torra en su juicio, la dirigente nacionalista no reconoce la autoridad de la Junta Electoral. La CUP presiona a Borràs, que este martes expulsó a un diputado de Ciudadano del pleno, para que no acate, un escenario que incomoda a ERC.

Juvillà ha sido condenado por haber cometido un delito de desobediencia a decisiones u órdenes de autoridades superiores, en concreto a la Junta Electoral, en las elecciones generales de abril de 2019. El dirigente anticapitalista era entonces concejal en el Ayuntamiento de Lleida y se negó a descolgar de la fachada del consistorio una estelada (bandera independentista catalana) y lazos amarillos, que colocó desde la ventana de su despacho. Un caso similar por el que fue cesado Quim Torra como presidente de la Generalitat.

La presidenta del Parlament arrastra además una causa penal por malversación, prevaricación, fraude y falsedad por adjudicar presuntamente a dedo contratos públicos durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas. Si fuera procesada, tendría que dejar su acta de diputada, de acuerdo a un artículo del reglamento del Parlament, aprobado para la lucha contra la corrupción. Si el TSJC abre juicio oral contra la líder nacionalista, puede haber enfrentamiento entre la fuerzas independentitas, toda vez que la de Junts niega que se trate de una causa judicial por corrupción, mientra que ERC y la CUP no tienen ninguna duda. De cómo gestione Borràs el caso Juvillà dependerá en parte el apoyo de los anticapitalistas cuando tenga que afrontar parlamentariamente su propia causa, por la que siempre ha dicho que no está dipuesta a perder su cargo de presidenta del Parlament.

El Govern, mientras, calificó la condena de Juvillà como un «atentado contra el derecho a la libertad de expresión y es una muestra más de la causa general contra el independentismo». Eso, sí evitó posicionarse sobre cómo debe actuar la dirigente de Junts.

Ciudadanos y Vox anunciaron que instarán a la Junta Electoral a hacer efectiva la suspensión del acta de Juvillà. «Que Borràs diga que no tiene ni la más mínima intención de retirarle el escaño es inaudito. El nacionalismo está liquidando la democracia en Cataluña», afirmó Cs.