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La justicia seguirá adelante con la investigación de la filtración por parte de la Fiscalía de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador que apunta al máximo responsable del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, quien ya ha asumido la responsabilidad última ... de la nota de prensa en la que se airearon detalles sobre su intento de pacto para evitar el juicio por dos fraudes fiscales.
El instructor de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Goyena, ha acordado desestimar el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Público, al que se adhirió la defensa de los investigados (Julián Salto, fiscal del caso, y Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid) contra el auto de incoación de diligencias previas para investigar la autoría última del comunicado emitido el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid.
En esa nota pública enviada a todos los medios de comunicación -pero que inusualmente no llevaba la firma del gabinete de comunicación del Ministerio Público madrileño- la Fiscalía desvelaba detalles de cómo había sido el intercambio de correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador, destacando que había sido la pareja de la presidenta de Madrid el que había ofrecido un pacto y no al revés.
González Amador, tras esa nota, decidió querellarse contra el fiscal que le había investigado, así como contra Pilar Rodríguez por revelación de secretos. El Colegio de Abogados de Madrid se sumó a la demanda, que dio lugar a la apertura de las diligencias previas el pasado 14 de mayo, después de que de una semana antes el TSJ de Madrid diera luz verde a la querella.
Ahora, el instructor, en primero lugar, tacha de «improcedente y extemporáneo» el recurso de reforma de la Fiscalía por entender que está maniobrando para intentar acabar con la investigación, cuando la propia sala del TSJ ya respaldó esta instrucción.
Pero Goyena va más allá y afea a la Fiscalía que en su recurso tachara de prospectiva esta investigación. «Debemos rechazar el calificativo de prospectiva de la actividad investigadora acordada, que, francamente, en el caso presente resulta, en términos más amables, poco feliz».
Y es que el juez recuerda que los hechos denunciados por la pareja de Ayuso «son muy concretos» (establecer quién dio la orden de publicar la controvertida nota) y las personas acusadas también. Ante este escenario, afirma el instructor, «francamente, calificar de prospectiva la investigación resulta difícil de entender».
Otro tema, entiende el juez, son las insinuaciones de la Fiscalía de que los dos encausados, Salto y Rodríguez, no tienen nada que ver y que la investigación no debería dirigirse contra ellos. Según el instructor, el recurso del Ministerio Público « apunta hechos complementarios y posibles responsabilidades de terceras personas, quizás por lo que ha oído o leído en prensa y otros foros». Por ello, el magistrado emplaza al Ministerio Público a «poner en conocimiento» del juez todas las «circunstancias relevantes» que puedan tener «incidencia» en esta investigación. «No dudamos que lo pondrán en nuestro conocimiento, pues es su obligación» recuerda Goyena al Ministerio Público, en una velada referencia -según todas las fuentes consultadas- para que, sí así lo estima conveniente, la Fiscalía General dé el paso asuma su responsabilidad directa en la emisión de la controvertida nota de prensa.
Este mismo jueves, el juez ya llamó a declarar el próximo 13 de junio como testigo a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, en este sumario. Lo inusual de esa nota sin membrete de prensa, hizo igualmente que el instructor Goyena haya citado igualmente como testigo al jefe de comunicación de la Fiscalía de Madrid.
Estas dos citaciones, según todas las fuentes consultadas, son la antesala a que el TSJ de Madrid apunte directamente al fiscal general del Estado como la persona que dio la orden airear datos confidenciales del novio de Ayuso a través de los órganos de comunicación de la Fiscalía de Madrid. De llegar este momento, el tribunal tendría que dejar el caso en manos del Supremo, ya que Álvaro García Ortiz está aforado ante esta institución. Y es que el propio Álvaro García Ortiz el pasado 15 de abril asumió la «última responsabilidad» de ese controvertido comunicado.
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