El Tribunal Superior de Baleares condena a nueve años de prisión al juez Penalva y al fiscal Subirán

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior, por el contrario, ha absuelto al juez y el fiscal, ya jubilados, y a los policías del grupo de blanqueo enjuiciados de las detenciones ilegales de nueve funcionarios del Ayuntamiento de Palma, del empresario Antonio Roig, del concejal de Función Pública e Interior Irene San Gil y de su compañero de Movilidad Gabriel Vallejo.

La sentencia considera probado que se detuvo a personas inocentes, pero aprecia que en el momento de las mismas existían sospechas de que el concurso de la O.R.A. podría haber sido amañado y de la participación, en mayor o menor medida, de las personas que se detuvo. Asimismo, la Sala entiende que las detenciones de los padres y hermanos del político Álvaro Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y que tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso.

A pesar de que el delito de detención ilegal era el más grave de los analizados, el tribunal sí considera probado que el juez Penalva y el fiscal Subirán no solo obstruyeron la actuación de la Justicia y cometieron coacciones, además omitieron su deber de perseguir filtraciones de informaciones a los medios de comunicación de actuaciones reservadas o secretas que ellos conocían por razón de su cargo. Unos hechos castigados con dos años de inhabilitación.

Las condenas privativas de libertad obedecen a presiones ejercidas por ambos procesados sobre dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma, Rafael Vidal y Juan Carlos Sastre, con ocasión de las declaraciones que prestaron los funcionarios en el juzgado en calidad de investigados; y sobre el empresario Antonio Roig, por las presiones que recibió antes de su detención, durante y estando en prisión preventiva. Por otra parte, la condena por el delito de coacciones responde a las presiones ejercidas sobre Álvaro Gijón por la declaración que tenía que prestar como investigado al día siguiente de la detención de sus familiares.

En la sentencia, la Sala condena además a entre uno y cuatro años de prisión al subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, al agente Iván Bandera y a la inspectora Blanca Ruiz por las coacciones ejercidas sobre el empresario Antonio Roig y su mujer y, en el caso de los dos primeros, también a Álvaro Gijón. En cambio, ha sido absuelto de todas las acusaciones el inspector jefe del grupo de Blanqueo José Luis García Reguera porque no hay prueba suficiente para su condena.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El 'caso O.R.A.', uno de los más mediáticos de la isla por supuesta corrupción policial, estaba siendo investigado en el juzgado de Penalva y afectó a cargos del PP de Palma después de que un testigo protegido, al que quisieron dar credibilidad, les hubiera acusado de haber cobrado 2,5 millones de euros por beneficiar al empresario Roig, que estuvo una larga temporada en prisión preventiva, en la concesión del contrato de la gestión del estacionamiento en Palma.

Tres años después, en 2020, la investigación concluyó por falta de pruebas y después de que fuera desacreditada en el momento que aparecieron los whatsapp del equipo investigador, que derivaron en irregularidades jurídicas y procesales que este miércoles se han sustanciado con esta sentencia.