Un soldado doblega a Defensa tras impedirle ascender porque tuvo cáncer

Tras superar un duro ciclo de quimioterapia, el militar se preparó a conciencia para tratar de promocionar y no tener que colgar el uniforme a los 45 años, tal y como marca la ley para los miembros de Tropa y Marinería. En pocos meses se presentó a la prueba. Pasó la primera criba, el examen lingüístico, luego la revisión psicológica y más tarde el test físico. También fue declarado apto en el ejercicio de matemáticas y de conocimiento general. Todo parecía encarrilado hasta que llegó el reconocimiento médico.

Francisco se desplazó al Hospital Central de la Defensa, en Madrid. Se puso en las manos del jefe del servicio de hematología, un teniente coronel, que dictaminó en su informe que el aspirante padeció un linfoma de Hodgkin, que había sido tratado y estaba en «remisión completa». Añadió que finalizó el tratamiento en noviembre de 2018 y que, «dado el corto tiempo transcurrido (hasta el examen), no se puede descartar una recaída en los próximos 3-6 años». La probabilidad, estimó, era del 10 al 15%.

La literalidad de esta proyección motivó que el órgano de selección considerada al soldado «no apto» para acceder a la academia de suboficiales. Esto ocurrió el 30 de julio de 2019. Francisco recurrió en alzada y el 24 de octubre siguiente la Subsecretaría de Defensa, dirigida por Amparo Valcarce, confirmó la decisión.

Para ello, alegaron que la orden que regula el cuadro médico de exclusiones incluye el padecimiento de linfomas y mielomas. Y no valoraron los argumentos del recurrente ni sus informes médicos: «si bien es cierto que en el pasado tuvo un linfoma, fue sometido a ciclos de quimioterapia y se encuentra en remisión completa. No recibe hoy tratamiento y tiene un pronóstico de vida similar al de la población normal, no habiendo presentado secuelas de ningún tipo del tratamiento recibido«.

Tras este portazo de Defensa, con una interpretación literal y estrica del marco normativo, muy alejada de otros criterios para un caso de estas características, solo quedaba una salida: acudir a la vía judicial. El militar se puso en manos del abogado Antonio Suárez-Valdés y prepararon un amplio recurso.

En otros, incluyeron un informe pericial del Colegio de Médicos que rebatía las conclusiones del jefe del Hospital Central militar. «No resulta previsible la existencia de recaída», sentenciaba el documento. Y el pasado 11 de noviembre, tras una año de espera y desazón para Francisco, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid se reunió y estimó su apelación.

La ponente, la magistrada Fátima Arana, resolvió que el rechazo en la prueba de reconocimiento «era errónea», al no encontrarse en ninguna de las causas de exclusión reguladas por la citada orden. «No existe limitación alguna que le impida o dificulte gravemente su labor como militar, como así lo acredita el hecho de que hoy en día está en situación de alta para el servicio», señalaba.

El tribunal continuó reprochando a Defensa su «discrecionalidad técnica y arbitrariedad» a la hora de tratar el caso de Francisco, y le recordó que en estas situaciones, según la doctrina del Tribunal Supremo, «priman los principios de mérito y capacidad» sobre cualquiera otra circunstancia cuando existan dudas normativas.

Ahora, el soldado ha sido declarado apto, podrá acceder al centro de formación y si supera la instrucción será nombrado suboficial con todos los beneficios (antigüedad, escalafón, complementos...) perdidos por la decisión de los burócratas del ministerio.