El tribunal del 'procés' se decantó por la sedición tras concluir el juicio

El proceso delictivo se desarrolló entre el 7 de septiembre y el 27 de octubre de 2017, desde la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y el plan estuvo liderado -había pocas dudas entonces entre los magistrados- por los nueve acusados que estaban en prisión preventiva y que ahora han sido condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel.

Antes de comenzar las deliberaciones a mediados de junio, los magistrados ya descartaron en conversaciones informales que la prueba analizada durante cuatro meses de juicio sustentara el escrito de acusación de la Fiscalía. O lo que es lo mismo, la narrativa de la violencia expuesta en la fase testifical no alcanzaba para tipificar las conductas de los acusados en la rebelión.

A diferencia de la sedición, se trata de un delito contra el orden constitucional, con penas más duras y exige una violencia «instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios y a los fines que animan a los rebeldes», según el tribunal. A esto se sumaba un condicionante previo para la Sala: no había precedentes en el ordenamiento juridico de sentencias que valorasen este tipo penal (en la sedición existen al menos seis), por lo que adentrarse en un terreno inexplorado tenía el riesgo de dinamitar la unanimidad con la que siempre trabajó el presidente y ponente de la sentencia, Manuel Marchena. Era su línea roja.

Las fuentes consultadas afirman que la sedición estaba respaldada desde el principio por al menos cinco de los siete jueces. Y las otras dos opciones que estaban sobre la mesa, como eran la rebelión en grado de tentativa o el tipo de conspiración para la rebelión, tampoco se discutieron. El motivo es que hubiera supuesto admitir condenas previstas para la rebelión, pero no en su grado máximo.

Marchena propició una discusión y redacción de la sentencia por bloques en los que participaron el resto de la Sala: Luciano Varela, Ana Ferrer, Andrés Palomo, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. En ningún momento los dos magistrados de la asociación progresista Jueczas y Jueces para la Democracia, Ferrer y Varela, rompieron la unanimidad con votos particulares si la sedición no alcanzaba finalmente el acuerdo.

En consonancia con la petición de la Abogacía del Estado, entendían que los hechos ocurridos en Cataluña fueron insuficientes para «imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán». Y que los ciudadanos fueron llamados como parte «tácticamente esencial de la verdadera finalidad de los autores», que era ejercer presión política sobre el Gobierno central para sentarse a negociar.

Sobre el papel de los Mossos d'Esquadra, la Fiscalía defendió en su escrito que una de las patas de la rebelión era la fuerza armada que ejercía de facto los 17.000 policías autonómicos con los que contaban los cabecillas. Sin embargo, para el tribunal esta tesis quedó diluida tras valorar los testimonios de los mandos de los Mossos.

Los jueces apreciaron que la teórica «actuación coordinada» entre los condenados y los policías, que respaldaba el Ministerio Fiscal, quedó descafeinada tras escuchar a los segundos. Valoraron lo que ocurrió en esas reuniones previas al referéndum ilegal, las advertencias realizadas a los políticos ante los posibles episodios de violencia. Y coincidieron en que la sentencia tocaba una «cuestión de Estado» como era el tratamiento que dieran a los Mossos, el cuerpo responsable de garantizar el orden público y el cumplimiento de la ley en Cataluña.

Había que hilar muy fino en este asunto y en la resolución se nota la mano del juez Antonio del Moral en aspectos de técnica jurídica, señalan las fuentes. No querían que la sentencia del 'procés' dejara abierto el resultado del juicio contra la cúpula de los Mossos, que se celebrará a partir del 20 de enero en la Audiencia Nacional.