El tribunal del 'procés' se adentra en el examen de los hechos probados en el juicio

El esquema incluiría preguntas del siguiente tipo: ¿La tramitación de las leyes de desconexión obedeció a la dinámica del Parlament, como esgrime la defensa de la que era su presidenta, Carme Forcadell, o a un plan para saltarse la legalidad vigente, como dicen las acusaciones?; ¿La declaración de independencia tenía validez o era una mera declaración de intenciones?; ¿Consideran que los Mossos realizaron un operativo destinado al incumplimiento del mandato judicial durante el referéndum o, como apunta la defensa y/o testigos preferentes, hicieron todo lo que pudieron tras validar el plan al coordinador policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos?

Aclarados esos extremos, los magistrados deberán resolver si los hechos que han declarado probados son constitutivos de algún delito y cuál. O la rebelión que propone la Fiscalía o la sedición de la Abogacía del Estado. Aunque quizá puede que no sean más que desobediencia.

Una vez determinado el tipo de delito, tendrán que concretar quién lo cometió y la forma de participación de cada uno de los 12 acusados: los nueve presuntos rebeldes, por un lado, y los tres exconsejeros procesados por malversación y desobediencia, del otro. En este momento es cuando deben determinar qué pena les corresponde. En el caso de Oriol Junqueras, la orquilla va desde los 74 años de cárcel que reclama Vox pasando por los 25 de Fiscalía y los 12 que pide la Abogacía del Estado.

No obstante, desde el Supremo recuerdan que las deliberaciones ya comenzaron en el mismo inicio del juicio, en febrero, cuando los abogados defensores plantearon una serie de supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, cuya resolución el tribunal pospuso a la sentencia. Por este motivo, la intención de la Sala es dejar finiquitadas estas reclamaciones antes de meterse en arena. Esta semana, además, se dará prioridad a deliberar sobre las solicitudes de excarcelación de nueve acusados, que están en prisión preventiva acusados por un delito de rebelión.

Con respecto a las deliberaciones, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los magistrados ofrezcan su opinión y sus sugerencias sobre la propuesta que les haga el ponente Marchena, según un orden establecido en función del tiempo que llevan en la Sala Segunda del Supremo (de lo Penal).

Primero hablan los que llevan menos tiempo y luego lo más antiguos. En el caso del 'procés', ese turno hace que Ana Ferrer sea la primera en pronunciarse, seguida de Andrés Palomo, Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta.