Un tribunal militar ordena seguir investigando el accidente mortal de un caza de la Patrulla Águila

Ahora, el tribunal castrense compuesto por tres magistrados (de rango comandante auditor) enmienda este cierre en falso tras admitir el recurso presentado en noviembre pasado por la acusación particular, que representa a la madre del comandante Marín -de 43 años, casado y con un hijo en el momento de su fallecimiento- bajo la asistencia letrada del abogado murciano Javier Martínez.

En un auto de 11 páginas, los integrantes de la sala consideran que esta suerte de sentencia absolutoria que propuso la juez togada, Marina Herreros, con el respaldo de la fiscal togada María Cotín Trillo-Figueroa, no solo no se ajusta a derecho sino que, en su opinión, existen indicios delictivos para continuar con la investigación del accidente del caza de la popular unidad acrobática. Una patrulla en la que Francisco Marín tenía el papel de 'Solo' en las exhibiciones, esto es, era el encargado de realizar las maniobras más arriesgadas.

En primer lugar, el tribunal llama la atención que la instructora se haya negado a realizar determinadas diligencias destinadas a conocer el estado de mantenimiento de la aeronave siniestrada o identificar a los responsable de la torre de control de la base de San Javier la fatídica mañana del 26 de agosto de 2019.

Tampoco ha dado razones para no aportar al sumario el libro de mantenimiento del caza Mirlo-31 siniestrado, el certificado del anemómetro (aparato meteorológico) o el estado del altímetro del avión.

Un déficit argumental que también se proyecta sobre su propuesta de archivo de la causa, ya que solo recoge las conclusiones del informe oficial emitido por la CITAAM (Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares), dependiente del Ministerio de Defensa, y no hizo ninguna referencia al documento pericial presentado por la acusación particular ni a las testificales practicadas en sede judicial.

Es más, el tribunal muestra su sorpresa de que no se valoren las conclusiones «contrapuestas» de ambos informes. Según el documento pericial presentado por la acusación, elaborado por el capitán Orlando Jiménez -experto piloto e investigador de accidentes aéreos, que intervino, entre otras, en la causa del siniestro del Yak-42- hubo una «mala praxis» por parte de los responsables de programar el vuelo al permitir que el comandante iniciara una maniobra de picado en una condición de nubosidad que cubría más de la mitad del cielo.

Esta circunstancia provocó «la pérdida de visibilidad en los tres planos mientras volaba entre nubes a baja altura, conduciendo esta situación al escenario de la desorientación espacial y, por lo tanto, al accidente», resume su escrito pericial. Por su parte, el informe de la CITAAM, remitido al juzgado en julio de 2020, admite que en la estación meteorológica se recogió a las 8:39 horas del día del siniestro «nubosidad abundante a 2.000 pies de altitud» (crítica para la seguridad del vuelo) e incluso se apreció «fatiga del material» del aparato. Pese a ello, las conclusiones del organismo dependiente de Defensa atribuyen al factor humano del piloto la causa del accidente.

El tribunal admite la «complejidad técnica» de este tipo de investigaciones, máxime cuando hay dos informes contrapuestos, aunque el de la CITAAM sea solo técnico y el de la acusación particular meramente pericial. Incluso tira de las orejas a la fiscal Cotín Trillo-Figueroa, que expresó en un escrito que el documento de la comisión oficial «tiene valor prevalente respecto a la pericial de parte». Un argumento que los magistrados rechazan de plano.

Para solventar estas discrepancias y no cerrar definitivamente el caso, el órgano propone a la juez instructora que designe una comisión de peritos de oficio o bien proponga un careo entre el representante de la CITAAM y el perito de parte para resolver las «incongruencias existentes y dotar de integridad al proceso». Lejos de archivarse, la investigación judicial por la muerte del comandante Marín vuelve a impulsarse con más fuerza.