El Tribunal de Cuentas rechaza que Puigdemont testifique por videoconferencia en el juicio del 1-O

En una providencia, el órgano fiscalizador de las cuentas del Estado explica que la solicitud «no se ha realizado con la antelación suficiente para poder ser tramitada en los términos previstos por la ley», ya que el líder de Junts ha tenido «casi un año para poder realizar su petición y, sin embargo, no la han formulado hasta que faltaban cuatro días para el acto de la práctica de la prueba».

Además, el tribunal recalca que la defensa no ha explicado ni ha justificado las causas y razones por las que el líder independentista no podría comparecer este viernes en la sede del tribunal. La vista, a la que no tienen obligación de comparecer los encausados pero sí sus defensas, está fijada para las 11.00 horas del 17 de noviembre e incluye la práctica de tres testificales, incluida la de Puigdemont.

Los encausados de ERC, sin embargo, han pedido este miércoles que se suspenda a la espera de la aprobación de la ley de amnistía, toda vez que el PSOE presentó el lunes en el Congreso la proposición de ley. Los republicanos consideran que es «altamente probable» que la entrada en vigor de la norma tenga lugar en los próximos meses y aseguran que el juicio del viernes puede «acarrear cargas procesales innecesarias». Hasta el momento no ha trascendido respuesta alguna del Tribunal de Cuentas.

No es la primera vez que se solicita la suspensión del juicio. De hecho, recientemente Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí pidieron que no se celebrara porque consideran que primero debe haber una resolución penal firme. Pero la corte desestimó la petición.

En esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.

Entre los 35 nombres consta, además de Puigdemont, el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

También están exconsejeros condenados por el Tribunal Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).