El Tribunal de Cuentas mantiene la causa económica del procés contra Puigdemont

Así lo ha informado este viernes Sociedad Civil Catalana, que ejerce de acusación popular en el procedimiento que se sigue en el órgano fiscalizador contra 35 personas, en su mayoría excargos del Govern de la Generalitat de Cataluña, por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el 1-O y las denominadas 'embajadas catalanas'.

Según la asociación, el Tribunal de Cuentas también ha rechazado la petición de ERC de devolverle el depósito de 2,1 millones de euros que presentó como aval. Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que el partido se dirigió al órgano fiscalizador una vez que se dio a conocer que los avales respaldados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) fueron admitidos, y reclamó que se le reintegraran los 2,1 millones que había aportado.

Fuentes del órgano fiscalizador han indicado que el tribunal ha explicado a la formación política que antes del reintegro debe aprobarse la sustitución del depósito por los avales del ICF. Dicho trámite ha de iniciarse a petición de cualquiera de los presuntos responsables contables cubiertos por el depósito.

Las mismas fuentes han informado de que el mencionado trámite ya se ha iniciado, por diligencia de ordenación firmada ayer jueves. Según han señalado, se ha dado traslado a las partes del escrito que presentó la representación del exconseller Raül Romeva para pedir la sustitución de una garantía por otra. Una vez que el tribunal haya aprobado dicha sustitución, sí procedería la devolución del depósito.

Las decisiones adoptadas por el tribunal esta semana tienen lugar dos meses después de que el tribunal apartara -a petición de la Fiscalía- a los exconseller Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otros 14 excargos del Govern de la lista de personas a las que se les reclama los fondos presuntamente desviados.

El Ministerio Público rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el tribunal a 3,4 millones de euros. Según explicó, la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento disminuyó «de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora» del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque «los demandados y las cuantías son divergentes».

Sociedad Civil Catalana presentó demanda contra once exaltos cargos del Govern, entre los que incluye a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y al exvicepresidente Oriol Junqueras, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. Les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.

Inicialmente, el Tribunal de Cuentas fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como 'Diplocat'. Por su parte, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.