El Tribunal de Cuentas eleva casi 42.000 euros la cantidad que a Artur Mas debe devolver por el 9-N

El órgano fiscalizador ha aumentado la cantidad en la que estima el coste de celebrar la consulta soberanista tras aceptar el recurso de apelación formulado por la Fiscalía y las asociaciones demandantes, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, y rechazar íntegramente los argumentos de los condenados.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas no sólo confirma la sentencia dictada en noviembre de 2018, sino que constata que, al contrario de lo que alegaron los dirigentes de la Generalitat, ha quedado probado que la compra de 7.000 ordenadores por el exGovern dirigido por Artur Mas estaba destinada a la finalidad anticonstitucional de celebrar una consulta sin soporte presupuestario admisible para tal finalidad.

El recurso de apelación de Mas, la exconsejera Joana Ortega y la exdirectora de servicios Josefina Valls alega que el «hecho de que durante un único día esos ordenadores se destinaran a un fin distinto a aquél para el que fueron adquiridos, no implicaba, de ningún modo, que desapareciera la necesidad de las escuelas, respecto al equipamiento informático».

El Tribunal de Cuentas, que ya dio por acreditada la dotación de 7.000 ordenadores para realizar el 9-N, ahora enfatiza que los argumentos carecen de credibilidad porque «ante una adquisición de equipos informáticos de tal volumen cabría esperar que se hubieran producido peticiones de dotación o renovación de ordenadores por parte de los centros docentes». A esto añade que «cuando menos, se hubiera elaborado con antelación algún plan por parte del departamento para detectar las carencias de los centros educativos y determinar en función de ellas las necesidades a cubrir, o que se hubiera puesto en marcha alguna iniciativa educativa novedosa que requiriese un incremento del número de ordenadores en los centros educativos».

«Pero nada de esto se ha acreditado», concluye, solo «una decisión precipitada, no apoyada en solicitud alguna, ni informes o estudios previos, que únicamente puede explicarse como respuesta a la necesidad de disponer urgentemente de 7.000 ordenadores para el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014».

Con todo ello, la Sala de Justicia entiende que para cuantificar el coste total de la votación soberanista se tienen que tener en cuenta gastos relacionados con estos equipos informáticos y material electoral. Así, se destaca la condición de entidad pública que ostentan el CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción), que encargó a la empresa Setrans el transporte del material a los lugares de votación, por el importe de 20.214,77 euros; y otros 21.617,18 euros «abonados por exceso» por el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información).

«Ambos eran entidades públicas dependientes de la Generalitat de Cataluña, y por tanto los demandados tenían la disponibilidad de los fondos públicos empleados y sobre ellos recaía el cumplimiento de los hechos producidos», explica.

En este sentido, atiende a la petición de indemnización formulada por el Ministerio Público y aumenta la cantidad impuesta en dos partidas: en la relativa a la «fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo a los locales de votación», cuantificándose un perjuicio total de 163.953,31 euros ; y en lo que respecta a la «elaboración del soporte informático necesario para celebrar la votación», que se cifra finalmente en 720.302,33 euros.

Con estos casi 42.000 euros que se añaden ahora, el Tribunal de Cuentas considera que en vez de los 4.946.788,16 euros a los que se les condenó a devolver de forma conjunta y solidaria a Mas, las exconsejeros Irene Rigau, Francesc Homs, Joana Ortega y seis miembros de su gobierno, la cifra definitiva es de 4.988.620,11 euros.

Por otro lado, la Sala de Justicia también rechaza en su sentencia que haya error en la valoración de prueba, como afirmaron algunos recurrentes como el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, y subraya que debían haber sido los investigados los que demostrasen que los ordenadores tenía un destino lícito, algo que «no habría ocurrido en la causa».

El tribunal considera «completamente injustificadas» los argumentos esgrimidos por los recurrentes contra las «incongruencias» del relato de hechos probados de la anterior sentencia y destaca que «satisface las exigencias de coherencias», que se ha «apurado el principio de exhaustividad» y que se han valorado las pruebas de forma «ajustada y escrupulosa».

El Tribunal de Cuentas consideran que Artur Mas es el principal responsable del 9-N, por lo que deberá responder por todos los condenados en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso.

Asimismo, con las nuevas cuentas, Francesc Homs debe responder por 2.000.680 euros que se emplearon para financiar campañas de publicidad institucional, elaboración del soporte informático, envío de correo postal a los catalanes y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta, más los contratos menores suscritos para la producción de la campaña informativa del proceso de participación ciudadana.

Por los medios informáticos también debe responder la exvicepresidenta Joana Ortega y el exsubdirector de Servicios de Governación Luis Beltrán. A Ortega, además, se le considera responsable del gasto que conllevó además la organización de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el seguro de los voluntarios que trabajaron el 9 de noviembre de 2014 y los contratos menores, por lo que le correspondería pagar 907.506,85 euros. Estos tres últimos conceptos también se atribuyen a la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls, que deberá devolver 101.358,50 euros

Irene Rigau, exconsejera de Enseñanza, fue responsable del coste que produjo la adquisición de los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y el transporte de los mismos a los colegios. Todo ello por un total de 2,8 millones de euros que, al igual que en el resto de partidas, deberán afrontar todos los demandados de forma conjunta y solidaria.

Jordi Vilajoana, quien fuera asesor del expresidente, y el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés también deben responder por la campaña de publicidad institucional. Se les atribuye un gasto de 806.403 euros.

El Tribunal de Cuentas sentencia además que el exdirector del DOGC Jaume Domingo tiene que responder con 307.962,71 euros por envío de información a los ciudadanos a través de correo postal y la exdirectora de Servicios de Presidencia Teresa Prohías por otro contrato en relación con la consulta con 21.767,90 euros.