El Tribunal de Cuentas abre la puerta a presentar un recurso ante Europa para paralizar la amnistía

La simple admisión a trámite de este tipo recurso para su estudio -algo que no debería demorarse más allá de unas semanas- en principio debería paralizar la aplicación de la ley en tanto en cuanto no resuelva el TJUE, según establece la legislación comunitaria. No obstante, el artículo 10 de la ley de amnistía fija taxativamente que los recursos no tendrán efectos suspensivos».

La consejera que enjuicia el caso, Elena Hernáez, declaró el mes pasado «concluso» el proceso de instrucción abierto contra 35 dirigentes independentistas, encabezados por Carles Puigdemont, por a supuesta malversación de hasta 5,3 millones de dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y para la puesta en marcha del aparato de propaganda en el Extranjero a fin de promocionar la fallida intentona secesionista de hace siete años, que acabó con el propio expresident huido fuera de España.

En el proceso del TC que ahora podría cerrarse para siempre con la ley de amnistía, además de Puigdemont están encausados otros pesos pesados del procés, como los exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; o como los exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig. Y es que la aplicación de la ley de amnistía en este procedimiento supondría que las arcas no podrían siquiera reclamar ese dinero público que fue destinado a otros fines que no eran por los que se liberaron esas partidas.

En su providencia, la Sección de Enjuiciamiento da un plazo de diez a las partes para que se pronuncien sobre la procedencia de plantear esa cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que el TC cree que hay indicios de que hasta cinco preceptos de la 'ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña' podrían «oponerse a la interpretación» que ese tribunal «viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea».

Los artículos de la Ley Orgánica de Amnistía cuestionados en la resolución son el : 1, que declara amnistiada la responsabilidad penal y administrativa de los implicados, pero también la «contable»; el 2.e. que fija que no son amnistiables los «actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea»; el 8.3, que ordena el «alzamiento de las medidas cautelares acordadas en fase de actuaciones previas o de primera instancia» por parte de propio Tribunal de Cuentas; el 10, que establece que todos los tribunales deben aplicar la amnistía con «carácter preferente y urgente» y que los recursos no tendrán «efectos suspensivos»; y el 13.3, que obliga al TC a dictar «resolución absolviendo de responsabilidad contable a las personas físicas o jurídicas demandadas» por el procés siempre que la Fiscalía y las «entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo de los caudales» no se opongan.

En particular, el Tribunal de Cuentas sospecha que la ley del borrado penal de los delitos vinculados al 'procés' aprobada por el Gobierno con el apoyo de sus socios de investidura podría estar violando doctrina que ya ha fijado el TJUE en lo referido a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la «Unión Europea»; al «principio de cooperación leal», a los «principios de igualdad y de no discriminación»; a los «principios de seguridad jurídica y confianza legítima» y al «principio del Estado de Derecho».