Tres tensas horas sobre Pegasus sin citar Pegasus

Bajo esa premisa de no hablar nunca del agresivo 'malware' israelí, las explicaciones se volvieron todavía más confusas. Porque los diputados no sabían exactamente si cuando se refería al espionaje lo estaba haciendo sobre ese programa que desnuda los 'smartphones' o a otras formas de vigilancia más tradicionales y menos tecnológicas.

En medio de una crisis cada vez más enredada, lo único tangible que la directora del CNI llevó a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso -su denominación oficial- fueron las autorizaciones del juez del Supremo, Pablo Lucas Murillo, para espiar a 18 independentistas en 2019 en el marco de la financiación de Tsunami Democratic, la potente plataforma ciudadana detrás de los grandes sabotajes y movilizaciones activadas en octubre de 2019 en protesta contra la sentencia del 'procés'.

Uno de los documentos esgrimidos por Esteban daba luz verde a intervenir las comunicaciones a Pere Aragonès, entonces vicepresidente de Quim Torra y consejero de Economía. En ese papel tampoco se menciona Pegasus en ningún momento, según medios conocedores de la reunión. Esteban no se esmeró en explicar a los diez diputados que le escuchaban por qué el CNI vigiló al actual presidente del Ejecutivo catalán. Pero fuentes de los servicios de inteligencia revelaron el motivo: la sospecha, por entonces, de que la Generalitat podría estar desviando dinero a Tsunami Democratic.

Además de Aragonès, la jefa del CNI admitió que la investigación de los servicios secretos sobre Tsunami desembocó en otras 17 autorizaciones de intervenciones telefónicas, la mayoría del entorno de Carles Puigdemont en Waterloo, de Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana; entre ellos, Josep Lluis Alay, jefe de la oficina del expresident huido, el exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri o el diputado de la CUP Carles Riera.

Y punto. Según Esteban, el CNI no ha espiado a nadie más allá de esas 18 personas vinculadas a la investigación sobre de dónde provenía el dinero de la plataforma que en 2019 promovió el que quizás fue el incidente más importante y peligroso de aquel año de protestas: el intento de asalto el 14 de octubre -el día de la condena por el Supremo de los dirigentes del 'procés'- del aeropuerto de El Prat-Josep Tarradellas. Un avalancha humana que respondió a un llamamiento a través de Telegram y Twitter de Tsunami, que por aquellos días organizó, con un importante despliegue económico y logístico, otras protestas multitudinarias para bloquear autovías en Cataluña y Euskadi.

La jefa de La Casa se desvinculó por completo del espionaje de la otra cuarentena de políticos, abogados y activistas catalanes que, según Citizen Lab, fueron vigilados con Pegasus. Sobre los otros 43 'hackeos' a miembros de la esfera secesionista, apuntó que podrían ser responsabilidad de algún país extranjero o de «otros servicios del Estado», los cuales, añadió, tendrían una tecnología similar al 'malware' israelí, al que ni siquiera entonces se refirió por su nombre.

Y a partir de ahí, un bucle. Los socios de investidura asaeteando a Esteban a preguntas y acusaciones y la directora del CNI encastillada en sus tres mantras: no fue un espionaje «político»; hubo en todo momento control judicial; y, sobre todo, no se produjo una intervención «masiva e indiscriminada» de móviles del independentismo catalán como denuncia el informe de los especialistas canadienses que hace 20 días hizo detonar el escándalo al afirmar que 61 políticos, abogados, periodistas y activistas habían sido espiados con Pegasus.

Esteban insistió imperturbable y hasta la saciedad en que todas y cada una de las intervenciones del CNI al independentismo tuvieron la autorización «individualizada» por parte del Supremo tras una petición «motivada». Y la máxima responsable de La Casa remarcó ante los diputados obligados a dejar sus móviles fuera y a no revelar lo que les contaba que el espionaje nunca tuvo relación con las actividades profesionales o de representación política de los afectados.