Las tres caras de la grave crisis judicial: del secuestro partidista a la conflictividad laboral

Este precario contexto no solo se circunscribe a las altas esferas del Poder Judicial, con un gobierno interino en el CGPJ desde hace más de cuatro años por la falta de acuerdo parlamentario. Un bloqueo que preocupa en Europa –la Comisión pidió la pasada semana su renovación «a la mayor urgencia»– y que ha venido acompañado de una reforma que desde hace 24 meses paraliza el normal funcionamiento del Tribunal Supremo. Ahora, la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia ha sacudido a los juzgados y tribunales de todo el país en perjuicio de operadores jurídicos y usuarios. Estas son las claves de un trance crítico.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vive una «anomalía democrática» por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación. Los intentos para consensuar los nuevos nombres que conformen el próximo órgano de gobierno de los jueces han sido infructuosos y todo indica que, metidos ya en año electoral, ninguno de los dos partidos asumirá el compromiso constitucional de sacar al CGPJ de su prolongada interinidad.

Se cumplen ya cuatro años y tres meses de caducidad, algo inédito en la etapa democrática. Y vistas las diferencias partidistas, no será ya hasta la próxima legislatura cuando se retomen los contactos, por lo que se consumará un golpe inédito al Poder Judicial: su gobierno por vez primera no tendrá una composición que represente a la actual pluralidad del arco parlamentario. En clave interna, la lenta descomposición del actual Consejo, con la figura de un presidente sustituto desde la dimisión de Carlos Lesmes, es cada día más palpable. Las diferencias de los dos bloques existentes, conservador y progresista, quedó patente con la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional. Un proceso que situó al CGPJ en situación de rebeldía durante tres meses. Y Ahora se ha abierto otra batalla con las cifras del 'solo sí es sí' que desgastan al Gobierno.

El bloqueo en la renovación del CGPJ y la ley que entró en vigor en marzo de 2021, que impide a este órgano hacer nombramientos estando en funciones (está recurrida en el Tribunal Constitucional), tienen un efecto directo sobre el Tribunal Supremo. Hasta la fecha existen 19 vacantes de magistrados sin cubrir de una plantilla de 79, el 24% del total; y en los próximos meses se llegará a las 24 plazas sin dueño por jubilación forzosa a los 72 años, lo que supone el 30% de magistrados.

La falta de efectivos afecta de forma directa al funcionamiento de las distintas salas del alto tribunal. Las más perjudicadas son la de lo Social (cinco vacantes de una plantilla de 13) y Contencioso-Administrativo (diez de 33). Se estima que este año ambas salas dictarán 1.230 sentencias menos, «con el grave perjuicio para el justiciable que esto supone» y el retraso de otras miles de resoluciones que abocarían al «colapso», lamenta la Sala de Gobierno del Supremo.

Esta órgano ha reclamado al CGPJ que inste al Parlamento a que se dote de 15 plazas de letrado del gabinete técnico como medida excepcional de refuerzo en estas salas. Su misión sería apoyar en la fase de decisión de los recursos que se registran, donde existe mayor cuello de botella. El Consejo está a la espera de la respuesta de las Cortes.

Pero la imposibilidad legal de realizar nombramientos en el CGPJ también alcanza a los tribunales territoriales: están pendientes 33 cargos en los TSJ, siete de ellos en presidencias, y 23 en las audiencias provinciales.

Desde el pasado 24 de enero, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), representados en tres asociaciones profesionales, llevan a cabo una huelga indefinida en los juzgados y tribunales de todo el país. Reclaman mejoras salariales acordes a su mayor carga de trabajo tras la puesta en marcha de la oficina judicial hace una década, que les ha supuesto «300 competencias» que antes correspondían a los jueces. Con un seguimiento relevante (el comité de huelga lo cifra por encima del 75%, aunque el Ministerio de Justicia lo rebaja al 25%), el paro está teniendo graves consecuencias para los operadores jurídicos: 241.000 vistas y juicios suspendidos, 350.000 demandas pendientes de reparto y cerca de 900 millones bloqueados en las cuentas de los juzgados (pensiones alimenticias, subsidios, etc.).

Lejos de vislumbrarse una solución, las posturas entre Justicia y el comité están alejadas. El ministerio ve «inasumible» la subida líneal de 1.100 euros al mes que piden los huelguistas –su media retributiva son 47.000 euros al año– y se mantiene firme en ofrecer mejoras salariales al 30% de los 4.300 funcionarios (para 700 supondría 5.000 euros al año). Unos datos que los LAJ consideran «falsos». Estos reclaman aumentos que lleguen al 85% del sueldo de los jueces de su partido o jurisdicción. El paro sigue adelante y ya se tardaría al menos cuatro meses en recuperar la normalidad.