El traslado de 3.000 menores depende de la reforma de la ley de extranjería

Ante la posibilidad de que la reforma propuesta por el Gobierno no logre los suficientes apoyos, desde el Ejecutivo canario tratan de apaciguar las aguas con el resto de comunidades, que han mostrado en diversas ocasiones su descontento por no haber sido partícipes a la hora de redactar el nuevo borrador de la ley de extranjería. Algo a lo que se suma el no rotundo expresado por Vox, que apuesta por devolver a los menores llegados a su país de origen, y el de Junts, que se niega a apoyar una «solidaridad impuesta» y que critica que el reparto de estos jóvenes «tensaría aún más» la situación en Cataluña.

Mientras las negociaciones para obtener los apoyos suficientes continúan, desde las organizaciones que trabajan con estos menores piden responsabilidad tanto a los gobiernos autonómicos como al estatal. «No son cifras. Son niños y hay que tratarlos como tal, garantizando todas sus necesidades y sus derechos», reclama Elena Muñoz, coordinadora estatal de Jurídico de Cear. «Canarias está un momento de sobresaturación. El resto de territorios debería colaborar para relajar la situación y así poder atender a estos menores de la manera que lo exige tanto el reglamento nacional como el internacional», continúa. «Hay muchos niños que son potenciales solicitantes de asilo internacional- un gran número de ellos llega desde Mali, un país que está actualmente en guerra-, pero por la presión del sistema no se está pudiendo tramitar esa protección, tal y como establece el estatu de refugiados», añade.

Una situación que podría complicarse aún más si la tramitación de los cambios en la normativa se alargase aún más, tal y como parece que podría ocurrir. «La falta de apoyo, por parte de las comunidades autónomas, se debe en gran medida a que la proposición que se votará en el Congreso no estblece cuáles son los criterios para hacer ese reparto», indica Muñoz. «Es algo que se definirá en la proxima Conferencia Sectorial», comenta. «Pero lo más importante es no perder el foco en que, al fin y al cabo, son solo niños y, por tanto, su traslado y gestión debe hacerse teniendo en cuenta esto y no solo atendiendo a los números», concluye.

Varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia, Baleares, Aragón, País Vasco, Cantabria o Extremadura han denunciado el «colapso» que ya sufren fruto de la «crisis migratoria» por lo que han solicitado la celebración de una Conferencia de Presidentes o contar con «una financiación adecuada». Y aunque este lunes, 22 de julio, ha tenido lugar la Conferencia Sectorial de Inmigración, el final del encuentro ha tenido un sabor agridulce para sus participantes. Desde el gobierno de Ayuso, por ejemplo, denuncian que salen de la reunión «sin el compromiso del Gobierno de una financiación adecuada al dimensionamiento de estos recursos», así como «sin un compromiso de convocar la Conferencia de Presidentes» para abordar esta cuestión y «sin un compromiso de declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional».

Por otro lado, desde la Xunta de Galicia, han mostrado su «solidaridad» con las personas migrantes. No obstante, han reivindicado la necesidad de «una mayor planificación» por parte del Ejecutivo central, al que han solicitado que los datos de las personas que lleguen este verano a Galicia se transmitan «con la mayor celeridad y con la mayor exactitud posible». Además, han solicitado, como en Madrid, la celebración de una Conferencia de Presidentes y la declaración de emergencia migratoria por parte del Gobierno, una herramienta que, han asegurado, permitirá solicitar ayuda a la UE. Una reclamación que también han llevado a cabo desde Cantabria.

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha acusado al Gobierno de «dejar de lado y desentenderse» de los jóvenes migrantes extutelados, ya que sigue «sin un plan de respuesta, ni financiación» ante la «crisis» migratoria que afronta España y, específicamente, Andalucía. Unas críticas a las que se ha sumado Aragón, que ha definido como «nefasta» la gestión migratoria que está llevando a cabo el Gobierno central, consecuencia de una «falta de planificación, transparencia y de información», y se ha unido a la reclamación para que se declare el estado de emergencia migratoria.

Asimismo, la consejera balear ha reclamado en la reunión una política transversal en materia de migraciones que dé respuesta a las necesidades globales del colectivo de personas inmigradas y a las comunidades autónomas «que de manera solidaria deben dar respuesta a estas personas», ha dicho, recordando que las competencias en materia de inmigración son del Estado. La representante balear ha recriminado además al Ministerio que «vaya en la línea opuesta a las comunidades autónomas, que son las que deben gestionar el día a día de una realidad cada vez más difícil y más cambiante».

Mientras, el Gobierno Vasco ha reiterado su petición para la puesta en marcha de un plan de contingencia estructural en materia de migración, que tenga entre sus prioridades evitar las vulneraciones de derechos humanos de las personas menores. En esta línea, Extremadura ha lamentado que la Conferencia Sectorial de Inmigración haya concluido «sin una respuesta clara por parte del Gobierno central, sin un plan de acción y sin la financiación necesaria», en la que se ha solicitado una «declaración de emergencia migratoria para resolver la crisis migratoria que atraviesa el país».