Trapero se agarra a la sentencia del Supremo del 'procés' para rebatir la acusación del fiscal

La abogada de Trapero, Olga Tubau, ha reprochado a la Fiscalía que haya manejado «a su antojo» la sentencia del alto tribunal contra los líderes políticos y sociales para señalar al mayor como autor directo de la sedición. La letrada ha recordado que esa resolución habla incluso de que el derecho a decidir del 1-O se acabó convirtiendo «en un atípico derecho a presionar». Lo hizo para restar carga probatoria al escrito del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo.

La defensa del mayor, que también representa a la intendente de los Mossos Teresa Laplana (se enfrenta a cuatro años de prisión) ha dicho «alto y claro» que lo que ocurrió en el referéndum fue «un fracaso político» y también «policial», pero de los tres cuerpos: Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. Y por ello ha cuestionado que los dos últimos hayan investigado los hechos ante la Audiencia Nacional cuando, a su juicio, «tienen un interés directo en estos hechos».

La letrada ha criticado también que la Fiscalía acuse de «coautoría» en el delito de sedición porque si fuera así tenían que haber sido juzgados por el Supremo, y este tribunal rechazo tres veces agruparlos en la causa del 'procés' al entender que no había una conexión indisoluble de los hechos. «Algo cruje y cruje tanto, que hace difícil defender este planteamiento», ha señalado Tubau acerca de la calificación jurídica de la Fiscalía.

Después de que los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira defendieran ayer una condena para Trapero y los otros tres acusados por un delito de sedición como autores directos (con la citada alternativa de desobediencia), este martes ha sido el turno de las defensas para exponer sus informes pidiendo la absolución de sus representados.

Los otros dos encausados son el secretario general de Interior, César Puig, y el exdirector de los Mossos Pere Soler, quienes también se enfrentan a 10 años de prisión o la alternativa de desobediencia (no conlleva cárcel pero sí inhabilitación para empleo o cargo público).