Transparencia se harta de la opacidad en los viajes de Sánchez: no son secreto de Estado

La última resolución del órgano fiscalizador sobre este asunto, fechada este mes de octubre y a la que ha tenido acceso este periódico, se planta ante el recurrente argumento de que esas comitivas son una suerte de 'secreto de Estado'. «No se alcanza a comprender –zanja el CTYBG en un tono agrio que no suele usar en sus documentos- en qué medida y grado conocer la identidad de ministros, autoridades, altos cargos, asesores o cualquier otro personal de apoyo, distintos de aquéllos, puede perjudicar la efectividad de los dispositivos de seguridad o poner en peligro la vida del presidente del Gobierno o de sus acompañantes».

La resolución en la que se a abronca a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno está relacionada con la petición de información de un ciudadano sobre las personas que acompañaron a Sánchez a XXVI Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en La Palma el domingo 13 de marzo de este año.

Solo el 29 de abril, ya fuera del plazo marcado y «sin que conste causa o razón que lo justifique», Moncloa respondió al solicitante enviándole simplemente un link con la agenda oficial del presidente y en el que básicamente figuraban los nombres de las vicepresidentas y ministros que participaron en aquella cumbre. Y nada más porque Presidencia arguyó que «dar a conocer el número y la identidad de las personas que conforman el dispositivo de cada desplazamiento implicaría desvelar pautas de actuación y datos específicos sobre planes de protección de autoridades cuyo conocimiento podría perjudicar la efectividad de los dispositivos de seguridad presentes y futuros y, en consecuencia, poner en peligro la vida del presidente del Gobierno y de las personas que acompañan su actividad».

Pero el CTYBG se opone frontalmente a este planteamiento. Recuerda que, al menos, desde 2020 es la quinta vez que exige al Ejecutivo revelar datos sobre pasajeros tanto en los vuelos de Sánchez como en los de la Familia Real y que «incluso» en 2020 el Supremo ya certificó que esa información debe ser facilitada. El consejo asegura que los nombres de los pasajeros, según la doctrina que ya va construyendo este órgano, no pueden ser considerados «información clasificada» de acuerdo a la ley de secretos oficiales de 1968, todavía en vigor.

«El alcance de lo clasificado como secreto o reservado no se extiende a la referida información (identidades de los acompañantes)», pues «no versa sobre movimientos de las aeronaves militares con fines de defensa nacional ni sobre los planes de protección de personas», sino -insiste Transparencia -exclusivamente «sobre la identidad de los acompañantes del presidente del Gobierno en un viaje oficial».

La institución zanja que Moncloa solo puede mantener el velo en la «identificación de la tripulación de las aeronaves y del personal de seguridad», dado «que su conocimiento público no resulta «necesario para satisfacer los fines de transparencia» que marca la actual regulación.

La resolución del consejo también incluye un serio tirón de orejas a Moncloa porque en este asunto de los viajes sus argumentos para denegar información son excesivamente parcos, ya está vetando datos de interés para la ciudadanía «sin más esfuerzo argumentativo».