Las transferencias de financiación se usaron «ilegalmente» en el caso ERE

Ángel Turrión, jefe del equipo de la IGAE que desde diciembre del 2013 ha emitido, por orden judicial, «275 informes con 3.899 páginas y 22.855 anexos» sobre los 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis repartidos por el Gobierno andaluz del 2001 al 2010, ha llegado a asegurar que las transferencias se usaron «indebidamente, y por qué no decirlo, ilegalmente».

Desde este martes, el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -acusados de prevaricación y malversación por el «procedimiento específico» usado para conceder y pagar esas ayudas- ha entrado en una nueva fase centrada en la prueba pericial, con la comparecencia de nueve catedráticos en Derecho Administrativo y Hacienda Pública que han elaborado diversos informes de parte, todos ratificados hoy. Las discrepancias entre los peritos de la IGAE (junto a Turrión comparecen sus colegas Rosaría María Hernández y Eduardo Villaseca) y los de las defensas se han puesto de manifiesto con las primeras preguntas del fiscal.

Según los expertos estatales, la clasificación económica de un crédito determina a qué se destina, y las transferencias de financiación a la agencia pública IDEA para pagar ayudas dadas por la Dirección General de Trabajo se usaron «en contra de lo que dice la ley». Sin embargo, Juan Zornoza, autor junto a Miguel Ángel Martínez de un informe pericial encargado por la defensa del expresidente José Antonio Griñán, ha replicado que «la clasificación económica» de una partida «indica la naturaleza económica del gasto, no necesariamente su finalidad», y en este caso sólo distinguía entre transferencias de capital y corrientes pero «ni el destino ni la cuantía».

El inicio de la prueba pericial, que se prevé dure un mes, ha despertado expectación mediática y de público en la sala, a la que han acudido acusados como los exconsejeros Magdalena Álvarez y Antonio Fernández o el exinterventor Manuel Gómez. El dictamen de la IGAE es la pieza clave para las acusaciones, cuyas conclusiones se sustentan «en textos normativos o en los documentos facilitados» por el juzgado sin «ningún juicio de valor», han defendido sus autores.

A esas conclusiones replicaron varios acusados con informes encargados a los peritos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez (por la defensa de Griñán), Juan Ramallo (por Magdalena Álvarez), José Ignacio López (por Antonio Fernández) y Juan Antonio Carrillo y Juan de Dios Jiménez (por Carmen Martínez Aguayo).

Las discrepancias entre unos y otros no han tardado en aparecer, por cuanto al contrario que la IGAE, los peritos de la defensa sostienen que la clasificación económica de un gasto no determina su finalidad.

«Eso no es cierto», ha asegurado el perito estatal Ángel Zurrión, para quien el destino de un crédito «está definido de manera taxativa» en las órdenes de la Consejería de Hacienda que fijan las instrucciones para elaborar los presupuestos de la Junta y a ese destino se tienen que ajustar pues «si no se podrían pagar gastos de personal con créditos para la construcción de carreteras».

El catedrático Zornoza le replicó que es la Ley de Presupuestos la que fija la finalidad de los créditos y no la orden de elaboración pues «pretender lo contrario es decir que se puede imponer al Parlamento destinar el Presupuesto a lo que diga una consejería» (Hacienda).

Turrión ha aclarado que «obviamente los créditos hay que ejecutarlos según se hayan consignado en los Presupuestos pero eso es cuando ya están aprobados» y ha insistido en que se aprueba un Proyecto de Ley elaborado según las instrucciones de las órdenes de Hacienda.

El papel de esta Consejería (que en el periodo investigado dirigieron Álvarez, Griñán y Aguayo) ha sido el otro gran debate.