Torra propone un nuevo referéndum a la vez que Escocia

Sturgeon ha avisado en los últimos meses a Londres que la fecha tope es 2023. «Escocia mantiene el compromiso de hacer un nuevo referéndum a pesar de la guerra de Ucrania y la pandemia», ha afirmado el expresidente de la Generalitat en Catalunya Ràdio. La propuesta del dirigente nacionalista, que choca con la de Junts, que se opone a una nueva consulta, ya que entiende que la votación del 1-O aún debería ser válida, se justifica, según ha explicado, en el hecho de que a su juicio el independentismo no tiene una hoja de ruta definida para alcanzar la secesión y la mesa de diálogo «no existe». Solo la CUP está de acuerdo en repetir una consulta ilegal sobre la independencia como la del 1-O. Los anticapitalistas apoyaron la investidura de Pere Aragonès hace un año con la condición de que su mandato debería ser ratificado en medio de la legislatura, en 2023, y con el compromiso de buscar alternativas como un referéndum, si la mesa de diálogo no avanza.

Torra se ha mostrado muy crítico con el Govern en materia de política lingüística. El expresidente de la Generalitat es una de las 90 personas que hoy firman un manifiesto contra la presencia del español en las aulas y que se opone a la reforma del modelo de inmersión como han propuesto PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, aunque los de Puigdemont se han desmarcado. Según el exjefe del Ejecutivo catalán, si hoy fuera presidente «llegaría hasta el final con una orden que debería establecer seguir con la inmersión», diga lo que diga la sentencia del TSJC que obliga al Govern a impartir el 25% de las clases en castellano.

El manifiesto, suscrito por algunos de los dirigentes más radicales del nacionalismo, señala que la reforma legal que impulsa Aragonès «no puede ser aprobada porque constituye un retroceso amenazante para el futuro de la lengua» catalana. «La incorporación explícita de la vehicularidad del castellano en una ley catalana representaría un paso atrás que el catalán no puede permitirse en la situación de debilidad actual», asegura el texto, que afirma que el «Govern no puede ceder al embate judicial».