El abogado de Torra amenaza al Estado con «acabar sentado junto a Putin»

Se trata del segundo juicio contra Torra, también por desobediencia y por no descolgar a tiempo una pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat. Por el primero, ya fue juzgado, condenado y la pena de inhabilitación ya la ha cumplido. Para esta segunda causa, la Fiscalía ha mantenido la petición de 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa. El expresidente, en cualquier caso, está ya retirado de la política institucional y no ocupa actualmente ningún cargo. El Ministerio Público, durante la vista, ha dado por probado que Torra desobedeció al TSJC, que le requirió la retirada de la pancarta a favor de los presos del 1-O en septiembre de 2019, ya en periodo electoral de los comicios generales del 10-N.

Según la Fiscalía, el exjefe del Ejecutivo catalán se instaló en la «insumisión institucional» y vulneró la neutralidad de la Generalitat. «Tenía una voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada que se le dijera», ha afirmado. Y ha negado que el problema fuera el mensaje de la pancarta, sino el »uso indebido« de un edificio público.

Torra ha justificado el plante al tribunal para «no legitimar» con su presencia un juicio que considera «político» en el marco de la «estrategia represiva de España contra el independentismo». «Hoy me vuelven a juzgar, pero yo no legitimaré una nueva farsa, una nueva escenificación represiva disfrazada de justicia con mi presencia. Pido amparo a los tribunales internacionales, porque no reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni a los tratados internacionales ni a los derechos fundamentales. Los independentistas catalanes sólo podemos encontrar la justicia en Europa», ha afirmado horas antes de la vista.

Su abogado, Gonzalo Boye, ha cargado con dureza contra la Fiscalía y contra la justicia española. A su juicio, solo les falta pedir que «quemen en la hoguera» al expresidente de la Generalitat. El letrado ha leído una resolución de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, desdeñada por la fiscal, y la respuesta de Boye ha sido: «A Putin le molestan las resoluciones del Consejo de Europa, lo mismo que a la señora fiscal». Esta no ha sido la única referencia rusa de la defensa, quien también está investigado por haber mantenido supuestos contactos con el entorno del Kremlin, igual que Carles Puigdemont y su colaborador, Josep Lluís Alay. En tono amenazador, Boye ha avisado a la Fiscalía y al Estado con acabar sentados en un banquillo del tribunal penal internacional, junto al presidente ruso: «No nos vayamos a encontrar un día sentados junto a Putin. Solo digo eso porque se sabe dónde comienzan estas cosas pero no dónde terminan«.

Torra está acusado de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019. El TSJC ordenó su retirada, en plena campaña electoral, y le dio 48 horas para ello, pero Torra se negó, alegando que la orden vulneraba su libertad de expresión. «Esta instrucción fue dirigida de forma irregular e ilegal en septiembre de 2019 y tan sólo se retiró la pancarta del balcón del Palau de la Generalitat cuando se presentó una dotación de los Mossos d'Esquadra a hacerlo», ha aclarado.

El actual jefe de la oficina del expresidente Quim Torra, Pere Cardús, estrecho colaborador de Torra durante su etapa como presidente, ha defendido que en la fachada de la Generalitat siempre se han colocado pancartas reivindicativas y ha puesto como ejemplo las que se cuelgan contra la violencia de género o contra la invasión de Ucrania. «Si siempre hemos podido colgar pancartas no entendemos por qué esta vez no», ha rematado.