Torra, citado a declarar el 15 de mayo por los lazos amarillos

Tras la querella de la Fiscalía, el TSJC admitió a trámite la denuncia, abrió diligencias y ahora ha citado al imputado para que dé su versión de los hechos, según ha avanzado TV-3. «Estamos en el lado correcto de la historia. Defenderemos nuestros derechos individuales y colectivos hasta las últimas consecuencias», ha advertido en un tuit el presidente de la Generalitat tras ser citado por el TSJC.

Torra acabó acatando la orden de la Junta Electoral y de hecho en estos momentos no hay ninguna pancarta sobre los presos y lazos amarillos en las fachadas de los edificios de la Generalitat. Pero el dirigente nacionalista tomó la decisión de retirar la simbología, que la Junta Electoral consideraba partidista y contraria a la neutralidad en periodo electoral, tarde, días después, de ahí que el Ministerio Público presentara la querella.

Hasta la fecha, Torra había amagado con la desobediencia. Había amenazado con hacer efectiva la república o recuperar las leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional en la pasada legislatura, pero no había traspasado la línea roja que separa la retórica de los hechos. De confirmarse que desatendió una orden de la Junta Electoral, podría llegar a ser condenado por un delito de desobediencia, lo que supondría su inhabilitación como presidente de la Generalitat.

En la querella de la Fiscalía, se le acusa de haber incumplido, «consciente, abierta y reiteradamente», lo decidido por la Junta Electoral Central en sus acuerdos del 11 de marzo y de 18 marzo 2019, que le ordenaban la retirada de las banderas no oficiales y de los símbolos que pudieran exhibirse en cualquier edificio público de la Generalitat, bajo la advertencia, de que incurriría en responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.

El 21 marzo, después de constatar el «flagrante incumplimiento» por parte de Torra de las órdenes que le fueron comunicadas por la Junta Electoral, este organismo ordenó al consejero de Interior de la Generalitat que instara a los Mossos d'Esquadra a retirar la simbología. Y, por otro lado, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Según el Ministerio Público, existía «una clara voluntad de desobedecer» los dictámenes de la Junta Electoral por parte del presidente de la Generalitat.

El día 22, Torra retiró toda la simbología soberanista de las fachadas de los edificios de la Generalitat. Desde entonces, el único cartel que hay en el Palau de la Generalitat es uno que defiende la libertad de expresión y el de opinión, que recibió el aval de la Junta Electoral. El día anterior, en cambio, Torra quiso sustituir el cartel que colgó nada más llegar a la presidencia, que pedía la libertad de los presos y exiliados con un lazo amarillo, por uno casi igual, pero con un lazo blanco atravesado por una franja roja. Según la Fiscalía era una «mera apariencia de cumplimiento» que «no ocultaba, sin embargo, una evidente permisividad de diversos actos tendentes a burlarlas abiertamente».

«Todo mi apoyo, president Torra», ha expresado su antecesor, Carles Puigdemont en las redes sociales. «Ir a declarar por haber defendido la libertad es un nuevo abuso jurídico en la larga lista de abusos que llevamos acumulados», ha señalado el expresidente, en pie de guerra, tras haber sido apartado de las listas electorales para las europeas por la Junta Electoral.