Torra exige por carta a Sánchez que ponga en libertad a los presos independentistas

Un Gobierno no puede liberar a un preso, salvo con un indulto, pero en este caso no están ni condenados. Por lo que, técnicamente, la petición de la Generalitat fue para que el Gobierno de Sánchez actúe a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Torra reclamó al presidente del Gobierno a que «en cumplimiento de sus funciones» inste a las instituciones del Estado a que «den cumplimiento efectivo a las demandas de libertad inmediata de los presos y que se reconozca su derecho efectivo a ser indemnizados y reparados por todo este tiempo privados de libertad».

En la Moncloa no disimularon la sorpresa por la carta del presidente de la Generalitat. Su exigencia es «un despropósito», afirmó la portavoz Isabel Celaá. Plantear una demanda de esas características, añadió, es «desconocer el reparto de poderes en una democracia».

Fuentes gubernamentales señalaron que la carta de Torra es el mejor ejemplo de la deriva sin rumbo que sigue el soberanismo catalán. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU es uno de las numerosas instancias de Naciones Unidas, pero sus informes no tienen carácter coercitivo y nada obliga a atender sus requerimientos. Lo preocupante, añadieron las fuentes, es que la Generalitat de Cataluña dé al informe un carácter de resolución de la ONU.

El Ejecutivo catalán, que ayer celebró una reunión extraordinaria para abordar este asunto, cree, sin embargo, que el Gobierno de España está obligado a cumplir las conclusiones de un informe del grupo de trabajo de las Naciones Unidas conocido esta semana. «En caso de que no se atiendan» estas peticiones, desde el Govern se comprometieron a «denunciarlo en todos lados».

Según el documento, el Estado español ha vulnerado varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El independentismo ha otorgado el máximo valor al informe, mientras ha ignorado otro dictamen conocido esta semana, y aún más relevante, al tratarse de una sentencia judicial firme, según la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó un recurso de Carme Forcadell y Carles Puigdemont contra la suspensión por parte del Constitucional del pleno en octubre de 2017 en que iba a declarar la independencia (se proclamó en otro pleno días después).

El fallo fue todo un varapalo pues se produjo donde el soberanismo quiere ganar la madre de todas las batallas y porque afirmó que la suspensión del citado pleno fue «necesaria en una sociedad democrática», para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás.

El Gobierno catalán se ha centrado únicamente en las conclusiones del informe del grupo de trabajo de la ONU, que exige al Gobierno la puesta en libertad de los presos. Con la reunión extraordinaria de este viernes, y las cartas enviadas al jefe del Ejecutivo central y a la Fiscalía General del Estado, la Generalitat busca escenificar lo que Torra califica desde hace meses como un una situación de «estado de excepción judicial». Fue la reacción también a las conclusiones definitivas de la Fiscalía en el juicio del Tribunal Supremo que ha mantenido esta semana las máximas penas y las acusaciones.