Torra se da de bruces contra la realidad autonómica

Este otoño desde el punto de vista del independentismo está siendo más bien templado en lo que a movilizaciones se refiere. Incluso alguna protesta se le ha vuelto en contra a Torra y activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) o de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ya han pedido su dimisión por no dar pasos hacia la república. Sin embargo, donde se le está empezando a calentar la calle al dirigente nacionalista es en el flanco social.

El jefe del Ejecutivo catalán afronta a partir de hoy su primera huelga desde que accedió al cargo en el pasado mes de mayo. Los médicos de atención primaria han convocado un paro de una semana para reclamar más personal y mayor poder adquisitivo. El jueves se sumarán los profesores.

La huelga de los galenos llega días antes de la que han convocado los sindicatos de funcionarios para el 12 de diciembre. Los empleados públicos reclaman la devolución de las pagas extras que la administración catalana les adeuda desde los duros recortes aplicados por el expresident Artur Mas en 2013 y 2014 en plena crisis económica.

Las huelgas sitúan a Quim Torra ante el espejo de la realidad autonómica, afirma un exdiputado de Esquerra en el Congreso. El presidente de la Generalitat arrancó la legislatura haciendo dos promesas: hacer efectiva la república y restituir al expresidente Carles Puigdemont. Ninguna de las dos ha sido posible, lo que ha enfurecido a los sectores más radicales del independentismo que ya pitan y abuchean en actos al jefe del Ejecutivo catalán por su inacción republicana. Inacción en la gestión es lo que le achacan los sectores sociales que le piden que centre su atención gubernativa en el día a día. Menos retórica republicana y más gestión, reclaman.

Torra necesita poder vender alguna iniciativa social, pero para eso necesita aprobar los Presupuestos autonómicos. Y ese se antoja un caballo de batalla muy duro. No tanto como para Pedro Sánchez en Madrid pero sí de envergadura, porque las cuentas tampoco salen en el Parlament. Esa es la otra realidad autonómica contra la que se da de bruces el presidente de la Generalitat a los seis meses de su toma de posesión, que llegó casi por sorpresa tras los intentos fallidos de investir a Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez.

Mientras el líder soberanista se encuentra más cómodo impulsando entidades paralelas a la administración catalana, como el consejo para la república de Puigdemont o el foro de debate sobre el proceso constituyente que encabeza Lluís Llach, los grupos parlamentarios se preparan para negociar partida a partida, como llevan haciendo desde 1980.

El problema para el Gobierno catalán es que ya no tiene mayoría absoluta y tiene el la cámara autonómica casi paralizada en cuanto a propuestas legislativas. Por dos razones. Porque la CUP se niega a aprobar unas cuentas que remiten al autonomismo y en segundo lugar porque (Junts per Catalunya) JxCat y Esquerra tienen hoy cinco diputados menos que los que obtuvieron hace un año en los comicios del 21 de diciembre debido a sus guerras internas y la negativa de los neoconvergentes a sustituir a los diputados suspendidos por el juez Llarena (Puigdemont incluido).

El resultado de todo es que Torra (y el republicano Pere Aragonès, que es quien está elaborando los números) dependen de Catalunya en Comú para tener mayoría absoluta. Los comunes se dejan querer e incluso afirman abiertamente que quieren aprobar los presupuestos catalanes. Pero venderán cara su piel.

«Los comunes nos harán sudar», admiten desde las filas secesionistas. Pese a todo, confían en que un trueque con la alcaldesa Ada Colau para ayudarle con las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona pueda ser suficiente.

También dependerá de lo que Aragonès esté dispuesto a subir los impuestos a los más ricos. Aunque esta batalla le enfrentará con los sectores más liberales y de derechas de JxCat y el PDeCAT, y volverá a dejar al descubierto las enormes diferencias que hay entre ERC y JxCat, los dos grandes socios del independentismo.